Iniciativa legislativa plantea responsabilidad subsidiaria para dueños de medios si no se publica una rectificación
Los principales gremios periodísticos de Panamá expresaron su preocupación por el avance del proyecto de Ley 391, que busca reformar el derecho a réplica, por lo que la iniciativa ha generado debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional (AN) por las implicaciones que tendría sobre la responsabilidad jurídica de los medios de comunicación, informó el diario Metro Libre.
Según explicó el diputado Ernesto Cedeño, el objetivo es hacer efectiva una norma que, a su juicio, actualmente no se aplica. “La modificación es para la efectividad de la norma existente, porque es una ley muerta. Necesitamos que alguien se haga responsable de las consecuencias de una acción”, señaló.
La propuesta establece que el dueño del medio de comunicación que difunda una información cuestionada será responsable subsidiario del comunicador social por los perjuicios ocasionados a los afectados si no se publica la rectificación dentro del tiempo establecido por la ley.
Además, el texto indica que el propietario del medio también tendría responsabilidad por las afectaciones derivadas de contenidos emitidos en espacios pagados por terceros, en caso de que los conductores de programas incumplan con la obligación de publicar la réplica, rectificación o respuesta presentada oportunamente y notificada al dueño del medio.
Ante esta propuesta, representantes de gremios periodísticos y algunos diputados de la Comisión de Gobierno manifestaron reparos sobre la ampliación de las responsabilidades legales más allá de quienes producen directamente los contenidos informativos.
Desde el sector periodístico se advirtió que la iniciativa podría afectar la organización interna de los medios y la libertad editorial. “Están proponiendo un proyecto de ley que a nuestro juicio impone mecanismos que atentan contra la organización interna de los medios de comunicación, contra la libertad editorial y la gestión informativa”, señalaron representantes de los gremios.
También sostuvieron que el proyecto podría convertirse en un instrumento de presión legal contra la labor periodística. “El Proyecto de Ley 391 no busca garantizar un derecho ciudadano, sino crear un mecanismo de intimidación legal. En el periodismo responsable, el derecho a réplica ya se ejerce como un deber ético fundamental”, afirmaron.
El proyecto continúa en discusión en la Comisión de Gobierno, donde se prevé que se evalúen posibles ajustes antes de su eventual avance dentro del proceso legislativo.