La Autoridad Marítima asegura que la ocupación de Balboa y Cristóbal responde al fallo de la Corte Suprema y garantiza continuidad operativa
La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en representación del Estado panameño, rechazó enérgicamente este jueves, las acusaciones formuladas por Panama Ports Company (PPC) y el Grupo Hutchison, calificándolas de “falaces e injuriosas”.
El pronunciamiento responde al comunicado emitido por la empresa el pasado 16 de marzo, en el que cuestionaba la sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional la Ley 5 de 1997, mediante la cual se aprobó el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.
La AMP reiteró que las decisiones de la Corte son definitivas y de obligatorio cumplimiento, por lo que el Estado tiene el deber de ejecutarlas. Tras el fallo, Panamá procuró una transición ordenada con la participación de PPC, pero la empresa se negó a cooperar, ocultando información y obstaculizando el proceso. Ante esta situación, el gobierno asumió temporalmente la administración y operación de las terminales, amparado en la Ley General de Puertos, señala del comunicado.
Destaca que el Ejecutivo emitió un decreto de ocupación como mecanismo legítimo y excepcional, aclarando que no se trata de una expropiación, sino de una medida temporal que respeta la propiedad de los bienes muebles mientras se determina su valor. “Calificar nuestras actuaciones como arbitrarias o confiscatorias carece de toda lógica jurídica”, señaló la AMP, asegurando que PPC siempre ha tenido garantizado el pleno ejercicio de sus derechos en Panamá.
La entidad también informó que, al tomar posesión de las terminales, constató un deterioro significativo en su infraestructura y prácticas alejadas de los estándares internacionales.
PPC ha iniciado un arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, proceso en el que Panamá asegura haber cumplido cabalmente y continuará ejerciendo sus defensas. El Estado reiteró su compromiso de garantizar la operatividad continua y segura de los puertos, proteger la inversión nacional y extranjera, y salvaguardar los intereses del país conforme a la Constitución y la ley.