Expertos advierten que la expansión agrícola causa el 88% de la pérdida forestal y respaldan nuevas regulaciones para frenar el impacto
Los bosques del planeta, que albergan hasta el 80% de la biodiversidad terrestre, han perdido más de 400 millones de hectáreas entre 1990 y 2020, según un estudio del Consejo de Administración Forestal, que alerta sobre el acelerado deterioro de estos ecosistemas, especialmente en regiones tropicales de América, África y Asia, informó la agencia EFE.
El informe señala que la expansión agrícola y ganadera es responsable del 88% de la deforestación global, a lo que se suman factores como el crecimiento urbano y la degradación ambiental, y estas dinámicas tienen efectos directos en la pérdida de biodiversidad, el aumento de la pobreza y la migración en comunidades rurales.
Durante la clausura del proyecto Bosques Vivos, expertos subrayaron la necesidad de respaldar el Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR), considerado una herramienta clave para transformar el comercio internacional hacia modelos más sostenibles.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el consumo europeo influye significativamente en la llamada deforestación importada, que afecta a 10.9 millones de hectáreas cada año.

Los especialistas destacaron que esta normativa introduce mecanismos de control sin precedentes, como sistemas de geolocalización y verificación que permiten rastrear el origen de los productos, fortaleciendo la trazabilidad en las cadenas de suministro.
Asimismo, el reglamento busca reforzar el cumplimiento de leyes en los países productores, mejorar la gobernanza forestal y aumentar la transparencia en los mercados, lo que podría impulsar cambios en los hábitos de consumo y fomentar prácticas más responsables.
El proyecto Bosques Vivos, impulsado por la Fundación COPADE con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, propone además acciones concretas para reducir la deforestación, como el fortalecimiento de pequeñas asociaciones productivas, incentivos para la producción sostenible, la inclusión de mujeres en actividades económicas y la implementación de sistemas de control más rigurosos.
En la iniciativa participaron empresas y organizaciones de países como Ecuador, Guatemala y Honduras, en un esfuerzo conjunto por enfrentar uno de los mayores desafíos ambientales del planeta y avanzar hacia un modelo económico que integre sostenibilidad, equidad y desarrollo.
