Propuesta busca recaudar $114 millones anuales, pero genera rechazo del sector turístico por posible impacto en la competitividad
La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional propone la creación de una Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito (TUIAT), un cobro de $10 dirigido a pasajeros internacionales que utilicen a Panamá como punto de conexión aérea, informó el diario La Estrella.
La iniciativa, presentada por el diputado Benicio Robinson González, establece que, de aprobarse en tercer debate y ser sancionada por el presidente José Raúl Mulino, podría generar una recaudación estimada de $114 millones anuales.
Esta proyección se basa en que el 60% de los 19 millones de pasajeros que transitan cada año por el país corresponden a viajeros en tránsito.
Según los cálculos, el movimiento mensual promedio alcanzaría 1.58 millones de pasajeros, de los cuales unos 950,000 estarían sujetos al nuevo gravamen, no obstante, la cifra proyectada representa $76 millones menos respecto a la expectativa inicial presentada en agosto del 2025.
El proyecto contempla que el 70% de los fondos recaudados, equivalente a aproximadamente $79.8 millones al año, se destine a instituciones de salud como el Hospital del Niño, el Hospital Santo Tomás y el Instituto Oncológico Nacional.
El 30% restante, unos $34.2 millones, sería invertido en el mantenimiento y modernización de la red aeroportuaria nacional, incluyendo terminales en Isla Colón y Changuinola.
Pese al enfoque social de la propuesta, gremios del sector turismo han expresado su rechazo, la Cámara Nacional de Turismo de Panamá (CAMTUR) advirtió que más del 70% de los pasajeros del principal hub aéreo del país son de tránsito, por lo que un cargo adicional podría restar competitividad frente a otros centros regionales como Bogotá, Lima y San Salvador.
En la misma línea, la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) señaló que el éxito de un hub depende de su estructura de costos, y que cualquier incremento puede influir en las decisiones de las aerolíneas.
Además, cuestionó la falta de estudios técnicos que respalden la medida y advirtió posibles afectaciones a programas como el Stopover, diseñados para incentivar el turismo en el país.
El debate legislativo se da en medio de posiciones encontradas entre la necesidad de generar ingresos para fines sociales y el riesgo de impactar la competitividad de Panamá como centro de conexiones aéreas en la región.