El Ejecutivo objeta la iniciativa sobre orientación vocacional por conflictos de competencias y falta de financiamiento
El presidente José Raúl Mulino, devolvió sin sancionar a la Asamblea Nacional (AN) el proyecto de ley que buscaba establecer una política de orientación vocacional y profesional para jóvenes adultos, se informó este jueves, a través de un comunicado oficial.
De acuerdo al informe, la decisión se fundamenta en la existencia de vicios de inconstitucionalidad y en la generación de obligaciones administrativas y presupuestarias sin fuente de financiamiento definida.
El documento remitido al presidente de la Asamblea, Jorge Luis Herrera, advierte que la iniciativa incide en competencias propias del Órgano Ejecutivo y podría provocar conflictos entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), el sistema educativo y las universidades. Además, señala la falta de claridad en la definición de la población objetivo y la omisión del rol rector de la Secretaría Nacional de Discapacidad, lo que debilita la coherencia institucional.
Entre las objeciones, el Ejecutivo resalta que el proyecto contempla la implementación de programas, certificaciones, plataformas tecnológicas y mecanismos de fiscalización, lo que implicaría erogaciones presupuestarias significativas sin previsiones ni fuentes de financiamiento.
En materia educativa, se recuerda que ya existe normativa vigente bajo responsabilidad del Ministerio de Educación (MEDUCA), por lo que la intervención de MITRADEL podría generar superposición normativa y conflictos de competencias.
El informe destaca como otro punto crítico, la falta de precisión sobre el alcance de las certificaciones que plantea la ley: no se aclara si corresponden a capacitación laboral o si equivalen a títulos académicos, lo que genera incertidumbre sobre su reconocimiento y su relación con la formación profesional regida por universidades y el sistema educativo nacional.
Con estas objeciones, Mulino busca reafirmar la necesidad de que las iniciativas legislativas respeten la división de competencias y cuenten con respaldo financiero y técnico antes de ser aprobadas.