La iniciativa también elimina decretos ejecutivos del gobierno anterior para la regularización de migrantes.
La Asamblea nacional de Panamá aceptó este martes dar trámite a un proyecto de ley presentado por una diputada oficialista, que pretende deportar a extranjeros que insulten o desplacen laboralmente a panameños, pese a que el gobierno se distanció de la propuesta.
El proyecto, presentado el pasado 9 de julio por la diputada Zulay Rodríguez, “ha sido prohijado por la Comisión de Gobierno” de la Asamblea Nacional, anunció el órgano legislativo en su cuenta de Twitter.
La legisladora manifestó que su iniciativa fue aceptada para su discusión en la Asamblea, de mayoría oficialista.
La iniciativa establece “políticas de control migratorio, estudios de perfiles y censo” de migrantes y sanciones ante “las ofensas que se hagan al país y a los nacionales”, indicó Rodríguez.
El proyecto de ley propone la deportación de extranjeros que “manifiesten públicamente ofensas e insultos hacia la nacionalidad panameña” o que realicen “directa o indirectamente el ejercicio de una profesión reservada para los nacionales panameños”.
La iniciativa también elimina decretos ejecutivos del gobierno anterior para la regularización de migrantes.
Tras su presentación se han incrementado los discursos xenófobos contra los extranjeros, a los que se acusa de “robar” el trabajo a los panameños, de insultar a los locales y de un presunto aumento de la delincuencia.
Empresarios han mostrado su recelo porque temen que una política migratoria restrictiva pueda afectar la economía y la llegada de nuevas inversiones y de profesionales foráneos, en un país de servicios que depende del Canal, el comercio y las inversiones extranjeras.
El presidente Laurentino Cortizo se desvinculó del proyecto de su copartidaria del Partido Revolucionario Democrático (socialdemócrata), aunque evitó criticarla en público.
El mandatario se limitó a decir que su gobierno impulsará una reforma migratoria que “ayude al desarrollo del país”, a la vez que pidió prudencia para evitar discursos xenófobos.
“El Estado panameño necesita tener una regulación en la que podamos convivir de manera pacífica y en donde los ciudadanos extranjeros que vienen a nuestro país respeten las normas y leyes”, manifestó el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, Leandro Ávila.
Durante la primera mitad de año, Panamá otorgó 9.000 permisos de residencia a extranjeros, principalmente venezolanos, colombianos y chinos. Entre 2010 y 2018 aprobó 150.000 solicitudes, además de 125.000 a través de regularizaciones masivas.