De acuerdo a lo establecido por el Ejecutivo, las reformas a la Ley 22 de 2006 fortalecerán la referida legislación y le otorgarán mayor eficacia y claridad.
El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo recalcó que los cambios técnicos sustantivos y cualitativos al proyecto de reformas a la Ley de Contrataciones Públicas que fue llevado ante la Asamblea Nacional, el 31 de julio pasado, por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, buscan garantizar una mayor transparencia y eficiencia en el desarrollo y ejecución de obras públicas en el país.
De acuerdo a lo establecido por el Ejecutivo, las reformas a la Ley 22 de 2006 fortalecerán la referida legislación y le otorgarán mayor eficacia y claridad.
Para alcanzar este objetivo, se realizó una revisión integral de la normativa anterior, atendiendo a los cambios estructurales que necesita el sistema para brindar mejores mecanismos de control, eficiencia y transparencia.
También se consideraron los avances institucionales y proyecciones del sistema nacional de contrataciones públicas para crear un sistema mucho más justo y que genere un ambiente de negocios que aumente el número de proponentes en los actos públicos para beneficio del Estado.
La iniciativa que modificaría la ley de Contrataciones Públicas, asimismo incluye la inhabilitación de empresas con acuerdos de colaboración o que hayan confesado delitos.
Además la propuesta elimina el modelo de licitación por mejor valor con evaluación separada, un tipo de acto muy utilizado y cuestionado en las dos últimas administraciones para grandes proyectos, porque el precio de referencia quedaba oculto en toda licitación.
También desaparece la posibilidad de descalificar a un proponente porque presente un precio que se considere riesgoso, es decir que sea muy inferior al precio de referencia.
Para evitar después un alza en el contrato se controlará la aprobación de adendas y si el número es superior al 25% del contrato se deberá contar con la aprobación del Consejo Económico Nacional (CENA).
Otro punto a destacar, es la agilidad en los procesos de actos de contrataciones públicas, ya que mejorará los periodos de admisión, resolución, tanto en la Dirección General de Contrataciones Públicas como en el Tribunal de Contrataciones Públicas.
La propuesta establece que las comisiones evaluadoras provendrán aleatoriamente de un sistema que administrará la Dirección de Contrataciones Públicas y ninguno de los miembros de dicha comisión podrán ser funcionarios de la entidad licitante.
De la misma manera, la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas pretenden agilizar los procesos mediante el uso de la tecnología.