La red está señalada por traficar con grandes cantidades de oro y joyería. 8 personas fueron capturadas, entre ellas un funcionario de Migración Colombia. Durante la operación denominada ‘Esplendor’ fueron ocupados bienes por $20 millones (60 mil millones de pesos colombianos).
La Fiscalía General de Colombia develó un modelo ilegal y sistemático de salida y entrada de oro, en el que correos humanos viajaban entre Colombia y Panamá con el metal precioso mimetizado en accesorios o camuflado con la complicidad de funcionarios aeroportuarios.
En tres años de investigaciones se estableció que una organización criminal, conformada en su mayoría por joyeros y personas conocedoras del mercado, habría movido desde los aeropuertos de Bogotá, Barranquilla, Palmira y Bucaramanga, algo más de 19 mil millones de pesos en lingotes de oro puro colombiano hacía la ciudad de Colón, en Panamá.
Las barras de oro sólo eran declaradas a su ingreso a Panamá y vendidas exclusivamente a las comercializadoras Gold América y Alpha Trading, que pagaban con joyas de oro italiano. Esa mercancía recibida a cambio la transportaban los correos humanos a Colombia, la ingresaban subrepticiamente y, posteriormente, la entregaban a los señalados cabecillas de la estructura que se encargaban de distribuirla en su red de joyerías y a comerciantes que tenían negocios en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Cali y otras ciudades capitales.
Todos los integrantes de la mencionada organización fueron identificados y ocho de ellos capturados gracias al trabajo realizado por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y personal de policía judicial de la Delegada contra las Finanzas Criminales y de la Delegada contra la Criminalidad Organizada, que articularon esfuerzos con las autoridades de Panamá para descifrar el andamiaje criminal.
El tráfico ilegal del oro
Los elementos recopilados dan cuenta de que mineros ilegales y dueños de fundidoras en Antioquia, Santander y la región del Magdalena Medio vendían directamente el oro en lingotes a tres de los denominados articuladores del tráfico ilegal. Estas personas se encargaban de contactar a los correos humanos, que eran las mismas personas, conocedoras del negocio ilícito y con registros de 10, 20 y hasta 30 movimientos migratorios a Panamá.
Los pasantes seleccionados recibían las barras, programaban los viajes y en los aeropuertos evadían los controles aduaneros y de seguridad en dos modalidades:
El oro era bañado en plata o acero y mimetizado en elementos como cadenas, correas de bolsos, pulseras y llaveros, entre otros elementos de bisutería. De esta forma los viajeros portaban y lucían los accesorios como si fueran complementarios al vestuario. Así pasaban con varios kilogramos de oro por los escáner y engañaban al personal de seguridad encargado de los filtros.
El material probatorio indicaría que en cada vuelo hacia Panamá coincidían entre tres y cuatro correos humanos, cada uno con sus respectivos accesorios en oro.
Los viajeros llegaban a los aeropuertos de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Palmira, y entregaban los lingotes a funcionarios que tenían libre acceso por las terminales. Los servidores que cumplían funciones en aduanas, migración o seguridad cruzaban por los diferentes filtros sin generar sospecha y entregaban el metal a los correos humanos en las salas de abordaje, antes de ingresar a los aviones.
Cada funcionario recibía entre 2 y 4 millones pesos por facilitar el paso del oro, la cifra variaba según la cantidad y, al final del ‘encargo’, se debía tomar una fotografía (selfie) con el correo humano y enviarla a los cabecillas de la estructura para recibir la aprobación del pago.
En Panamá los viajeros declaraban el oro y lo llevaban hasta las oficinas de Gold América y Alpha Trading, en Colón, donde les entregaban joyas de oro italiano a cambio. De retorno, los correos humanos traían la mercancía en pequeñas bolsas blancas adheridas a su cuerpo u oculta en el equipaje para evadir los controles y no registrarla ante las autoridades aduaneras.
Investigadores de la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo operacional y logístico del Ejército Nacional y del Gaula Militar, capturaron a 8 presuntos integrantes de la organización criminal denominada en el mercado clandestino como ‘Los Quilates’.
En Bucaramanga (Santander) fueron detenidos tres de los señalados articuladores de la estructura: Fernando Villamizar Parada, su esposa Verenice Cáceres Borrero, y Frantz Ramírez Jones. De otra parte, Carolina Valle Salomón, una de las de las denominadas coordinadoras del andamiaje ilegal y sindicada del manejo de divisas; así como Yobany Flórez Arango, funcionario de Migración Colombia adscrito al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, fueron capturados en Cali (Valle del Cauca).
Elvis Monzón Gómez, uno de los presuntos comercializadores de las joyas de oro italiano fue detenido en Barranquilla (Atlántico); mientras que Ernesto Andrés Montenegro Chaparro y Nasly Sofía Cohen Palma cayeron en diligencias cumplidas en Bogotá.
Estas 8 personas fueron presentadas en audiencias concentradas en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá y un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó cargos por algunos de los siguientes delitos: concierto para delinquir, lavado de activos y contrabando.
En las diligencias de registro y allanamiento realizadas, los investigadores se incautaron de algo más de 1.800 millones de pesos en efectivo, 500 mil dólares y cerca de 80 kilogramos de oro puro colombiano cuyo valor podría ascender a 12 mil millones de pesos. Todos los elementos encontrados fueron puestos a disposición del juez de garantías y recibieron control de legalidad.
La fase inicial de la operación ‘Resplandor’ se convierte en el primer gran resultado del acuerdo entre el Fiscal General de la Nación (e) Fabio Espitia Garzón y la Procuradora General de la Nación de Panamá Kenia I. Porcell D., suscrito el 31 de mayo del año en curso con el propósito de fortalecer la relación bilateral y la lucha contra la criminalidad organizada.
Precisamente, como parte de la cooperación y asistencia judicial pactada, se recibió información valiosa de las autoridades panameñas e investigadores de la Delegada contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía viajaron a Colón para acompañar diligencias de registro que se realizaron en algunas sedes de las comercializadoras señaladas de comprar el oro ilegal que salió de Colombia.
Extinción de dominio
Paralelamente al proceso penal que permitió identificar y golpear a la estructura criminal señalada de tráfico ilegal de oro, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio rastreó el patrimonio de los presuntos integrantes de la red e impuso medidas cautelares de secuestro, embargo y suspensión del poder dispositivo sobre 70 bienes que serían producto de la actividad ilícita y cuyo valor alcanzaría los 60 mil millones de pesos.
Las diligencias de ocupación se cumplieron simultáneamente en ciudades de la Costa Atlántica, Bogotá, Santander y Cali. En total fueron afectados 24 inmuebles, 5 sociedades, 11 establecimientos de comercio y 30 vehículos.
Entre los bienes sobresalen dos camionetas de gama alta que habrían sido adquiridas por Carolina Valle Salomón, una de las articuladoras de la estructura en Valle del Cauca, quien compró uno de los automotores hace apenas tres meses y habría pagado algo más de 400 millones de pesos.
Asimismo, hay inmuebles lujosos, ubicados en sectores exclusivos, con áreas de construcción superiores a los 250 metros cuadrados y con avalúos entre 2 mil y 2.500 millones de pesos. Algunos de estos inmuebles son una casa quinta en Cali (Valle del Cauca), fincas y casas lote en Lebrija, Los Santos, Piedecuesta y Bucaramanga (Santander), así como un apartamento en Barranquilla (Atlántico).
En total, fueron ocupados 11 establecimientos de comercio representados en joyerías localizadas en El Prado y La 41, en Barranquilla; en el centro, el sector de San Victorino y los San Andresito de San José y de la Calle 68, en Bogotá; y en el centro empresarial Palacio de Cristal, en Cali.
Los 70 bienes afectados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
#Fiscalía aplicó extinción de dominio a 24 inmuebles, 5 sociedades, 11 establecimientos de comercio y 30 vehículos en ciudades de #CostaAtlántica #Bogotá #Santander y #Cali valorados en más de $60.000 millones, que serían producto del tráfico ilegal de oro #Colombia y #Panamá. pic.twitter.com/IsCzqyyleC
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 22, 2019