El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, acusó a Barack Obama de haberlo espiado antes de las campañas electorales de noviembre del año pasado, sin presentar pruebas
El presidente Donald Trump persiste en sus explosivas acusaciones contra Barack Obama: pidió este domingo al Congreso que investigue presuntas escuchas telefónicas ordenadas por su antecesor de las que alega haber sido víctima antes de las elecciones de noviembre de 2016.
El mandatario “solicitó que, en el marco de sus investigaciones sobre la injerencia rusa, las comisiones de Inteligencia del Congreso ejerzan su autoridad de supervisión” para determinar si el gobierno anterior se “extralimitó” en 2016, señala el portavoz de la Casa Blanca Sean Spicer en un comunicado.
El texto alude a “informes”, no especificados, “de investigaciones políticamente motivadas justo antes de la elección”, a los que califica de “muy inquietantes”.
Concluye que no habrá más comentarios sobre el tema de parte de la Casa Blanca ni del presidente.
El breve comunicado se divulga un día después de que Trump acusara en Twitter a Obama de haber intervenido sus teléfonos antes de las elecciones de noviembre, sin proporcionar pruebas de esa acusación.
“Terrible! Me acabo de enterar que Obama había pinchado mis líneas en la Trump Tower justo antes de la victoria”, escribió Trump en Twitter el sábado. “Esto es McCartismo”.
“Cuán bajo ha caído el presidente Obama para pinchar mis teléfonos durante el muy sagrado proceso electoral. Esto es Nixon/Watergate. Mal tipo (o enfermo)!”, señaló en otro tuit.
El portavoz de Obama, Kevin Lewis, dijo el sábado en un comunicado que “ni el presidente Obama ni ningún funcionario de la Casa Blanca ordenaron espiar a ningún ciudadano estadounidense”. “Toda sugerencia en contrario es simplemente falsa”, agregó.
El director nacional de Inteligencia de Obama, James Clapper, declaró a NBC este domingo que “no hubo tal actividad de espionaje contra el presidente electo cuando era candidato ni contra su equipo de campaña”.
Por su parte, Ben Rhodes, exasesor de Barack Obama, reaccionó el sábado en Twitter: “un presidente no puede ordenar escuchas telefónicas, esas restricciones se establecieron para proteger a los ciudadanos de gente como usted”. En principio, sólo un juez puede autorizar medidas de ese tipo.
Al pedirle al Congreso que amplíe sus investigaciones, el propio Trump establece un vínculo entre sus denuncias de que fue espiado por Obama y el escándalo de los contactos entre sus colaboradores y altos funcionarios rusos.
Al menos tres comisiones del Senado y la Cámara de Representantes iniciaron investigaciones sobre la injerencia de Rusia en la campaña electoral, cuyo fin habría sido favorecer la victoria de Donald Trump frente a su rival demócrata, Hillary Clinton.
La administración Obama había acusado a los rusos de estar en el origen del pirateo de los correos electrónicos de colaboradores de Clinton y aprobó sanciones contra Moscú en diciembre.
Además, los múltiples contactos entre asesores del republicano y diplomáticos rusos durante la campaña y después de las elecciones aumentan las sospechas de una colusión.
El asesor de Donald Trump para la seguridad nacional, Michael Flynn, debió dimitir el 13 de febrero. Y la semana pasada fue el ministro de Justicia, Jeff Sessions, quien debió explicar sus conversaciones con el embajador ruso en Washington, Serguei Kisliak.
Para la oposición demócrata, las acusaciones de Trump contra Obama no tienen otro objetivo que desviar la atención sobre los contactos del equipo de Trump con los rusos, que acaparan el debate público desde que asumió el nuevo presidente.
“No es más que un (intento de) distracción. Desviar las miradas de las muy, muy graves interferencias de una potencia extranjera en nuestra democracia”, declaró el domingo Al Franken, senador demócrata por Minnesota, a la cadena ABC.
El mandatario ha negado reiteradamente que tenga vínculos personales con el Kremlin, y sus asesores han negado o minimizado esos contactos.
La semana que comienza podría también ser rica en controversias, con la firma -probablemente el lunes- del nuevo decreto presidencial anti-inmigración, que prohibiría nuevamente la entrada a Estados Unidos de viajeros provenientes de varios países musulmanes.