El gremio se unió a las voces que resaltan la vulnerabilidad en las comunicaciones, haciendo referencia a los VarelaLeaks, y resaltan lo alarmante manipulación del Órgano Ejecutivo sobre el Legislativo del momento
La Cámara de Comercio en su editorial haca énfasis en el tema de la la filtración de información privada recientemente conocida, haciendo referencias a los llamados VarelaLeaks, lo que pone sobre la mesa, por una parte, la preocupante vulnerabilidad de las comunicaciones en todos los niveles, entre éstas las de la seguridad nacional.
El contenido de estas comunicaciones, evidencian, una vez más, la crisis institucional que vivimos, especialmente en cuanto a la separación de los poderes del Estado y el manejo de la administración de Justicia, resaltó la Cámara.
Tanto el hecho de la intromisión en conversaciones privadas como la revelación de su contenido, es condenable.
“Nuestras leyes justifican la intervención lícita de comunicaciones únicamente para fines respaldados por pruebas y que sea llevada adelante por las autoridades correspondientes. Todo lo demás es una violación tanto a la ley como al derecho fundamental a la privacidad” resaltan
En el editorial se analiza que el contenido de lo revelado y admitido como parcialmente cierto por quien fuese intervenido, lleva a alzar, una vez más, la voz de cara a corregir el rumbo y plantear posibles soluciones.
Subrayan que vulnerabilidala relación entre los Órganos del Estado exige independencia; al igual que, hacer valer los roles de contrapeso, esto sin que haya injerencia de uno sobre otro.
Destacan que lo presentado en estas comunicaciones, trasciende cualquier rol de balance y devela una alarmante manipulación del Órgano Ejecutivo sobre el Legislativo del momento, a través de prebendas.
“Mientras que, el intercambio de conversaciones entre el entonces Presidente de la República y la Procuradora General de la Nación, abre el espacio de duda para la afirmación de una justicia selectiva que exige explicaciones de quienes aún ocupan posición de mando y jurisdicción”, indican.
Lo antes expuesto por el gremio, lleva a que los sectores productivos del país se involucren en el llamado realizado por el actual Órgano Ejecutivo y participemos en las mesas de trabajo a fin de proponer mejoras al paquete de reformas constitucionales que vela por tal separación de poderes y propone cambios en la forma de selección tanto del Procurador General de la Nación como de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como su investigación y juzgamiento. Al tiempo, es este momento donde tenemos el deber y el derecho de exigir la eliminación de aquellos artículos, incluidos en último momento por el Órgano Legislativo y que se alejan del objetivo final, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Panamá, en aras de asegurar un desarrollo y un clima de estabilidad tanto social como político, a juicio de la CCIAP necesita cuanto antes un marco que permita fortalecer un verdadero estado de derecho que se caracteriza por la separación de poderes, la certeza del castigo y un sistema de justicia equitativo. Sin esto, corremos el riesgo de convertirnos en un Estado Fallido.