Alcaldesa en Darién quiso cobrar 300 mil dólares en una multa ilegal

Janelle Nadine González multó a una constructora en 2017. Dos años después un Tribunal Superior revocó la decisión. Ahora la alcaldesa tendrá que dar la cara ante la justicia

El Municipio de Pinogana, una comunidad en la selva del Darién de  4 mil 901 kilómetros de extensión y apenas 18 mil habitantes, podría enfrentar el pago de una indemnización de 300 mil dólares y la condena de su alcaldesa Jannelle González,  todo tras una decisión arbitraria en 2017  que  terminó en los tribunales y que ahora los pone en una difícil situación.

González ha sido querellada por abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público, luego que  el Primer Tribunal Superior del Primer Circuito Judicial revocara una resolución que ella firmó en agosto de 2017.  En esa resolución la alcaldesa multó a la empresa constructora  Bagatrac S.A. y al señor Alberto Jurado Rosales alegando la evasión del pago del permiso de construcción al Municipio de Pinogana, por la construcción del tramo de carretera  Santa Fe-Metetí, para el  que el Estado panameño había  contratado a Bagatrac.

Pero esa sanción fue una sorpresa para la empresa y su propietario Alberto Jurado Rosales, pues hasta entonces llevaban cerca de dos años intentando que el Municipio de Pinogana les comunicara formalmente cuáles eran los requisitos y formularios que debían atender para construir el tramo de carretera y hacerlo en orden.

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En septiembre 2015, recién recibieron la orden de proceder del gobierno para para dicha construcción,  Bagatrac hizo el primer intento de comunicarse y lo que la alcaldía de Pinogana  respondió es que no tenían  los procedimentos establecidos para ese tipo de trámite. La segunda vez en junio 2016, Bagatrac le dirigió una carta a Ingeniería Municipal solicitando la licencia de construcción, para la obra en cuestión. Sin embargo, para este tiempo, la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos eliminó la idoneidad al jefe de ese departamento Wagner Vargas, quien no aparecía en la lista de profesionales de la Universidad Santa María La Antigua, donde dijo haber obtenido su título.

Ante esa última solicitud hubo silencio durante un año un mes y 14 días,  hasta que la Alcaldía contestó con la resolución 00-17 del 8 de agosto de 2017 donde multaba a Rosales y a Bagatrac, nada más y nada menos que con 326, 517, dólares por lo que consideraba una evasión del pago del permiso de construcción, que según estableció en la resolución había sido fijado en el acuerdo municipal Número 6 del 30 de septiembre de 2015. Pero González olvidó un detalle, ese acuerdo no había sido publicado en la Gaceta Oficial, es decir  no estaba vigente. Además Jurado Rosales no podía ser multado pues el no tenía negocio alguno con el Estado.

Esas fueron las conclusiones del Primer Tribunal Superior en mayo de 2019, cuando emitió un fallo a favor de la empresa  y el señor Jurado Rosales estiimando que las sanciones establecidas por la alcadesa de Pinogana eran violatorias del debido proceso. La sentencia concedió un Amparo de Garantías solicitado por, Sidney Sittón,  el abogado de Jurado Rosales y revocó la resolución firmada por Jannelle González dos años antes.

Ahora los abogados de Alberto Jurado Rosales y Bagatrac S.A  acusan a la alcaldesa de haber abusado de su autoridad al multar a una empresa basada en un acuerdo municipal que no tenía vigencia y sancionando a un particular que no era parte del litigio. La empresa calcula en 300 mil dólares los daños y perjuicios que pudo haber sufrido por la decisión de Jannelle González.