El escándalo de los pagos ilegales de la constructora a políticos domina la agenda peruana desde 2016, pero todavía no comienza ningún juicio.
Llega el 2020 y muchos peruanos comienzan a impacientarse por la lentitud de la fiscalía en llevar a juicio a los tres expresidentes y otros políticos involucrados en el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht, que estalló hace cuatro años.
El escándalo de los pagos ilegales de la constructora a políticos domina la agenda peruana desde 2016, pero todavía no comienza ningún juicio. Están bajo investigación los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), y la opositora Keiko Fujimori.
También era investigado Alan García (1985-1990 y 2006-2011), pero la causa fue cerrada luego de que el expresidente se suicidara el pasado 17 de abril cuando iba a ser detenido.
“La demora en llevar a juicios los casos se debe a una incapacidad de los fiscales en investigar adecuadamente”, declaró a la AFP el analista Fernando Rospigliosi.
“Los fiscales han reemplazado esa incapacidad con las prisiones preventivas, una suerte de juicio popular donde filtran información a medios y hacen creer a la opinión pública que están haciendo justicia”, agregó.
En prisión preventiva -sin juicio- durante meses estuvieron Humala y su esposa Nadine y Keiko, además de varios exfuncionarios. Kuczynski está con arresto domiciliario desde abril y Toledo detenido en Estados Unidos por un pedido de extradición.
Con instituciones débiles y partidos políticos en crisis, Perú es el país más golpeado por el escándalo de Odebrecht, después de Brasil.
Responsables de la constructora entregaron testimonios contra los expresidentes y Keiko Fujimori a los fiscales, a cambio de un acuerdo de impunidad, pero los casos no han prosperado.
“Encontramos una veta de información agotada. En adelante, estas investigaciones deberán concretarse en los juicios y las condenas que faltan y la solución final al problema de las reparaciones” al Estado, dijo el exprocurador público (abogado del Estado peruano) César Azabache en Twitter.
Según Rospigliosi, la demora en iniciar los juicios se debe a que luego de “más de cuatro años” de indagaciones “no hay acusación seria, eso quiere decir que no hay evidencias suficientes”.
– Cuestionamiento a fiscales –
El caso de Humala y su esposa es hasta ahora el único en la recta final para entrar a juicio, pero aunque se suponía que empezaría en el segundo semestre de 2019, sigue sin fecha de inicio.
El equipo especial de la fiscalía a cargo del caso Odebrecht acusa a la expareja presidencial de lavado de activos, por haber presuntamente recibido tres millones de dólares en aportes ilegales de campaña.
Humala y su mujer, que niegan las imputaciones, estuvieron nueve meses presos.
“Cada vez es más extendido, plural y justificado el cuestionamiento a los fiscales anticorrupción porque, casi cinco años después (…) no hay nadie condenado porque nadie ha sido acusado”, criticó el analista Augusto Álvarez en una columna del diario La República.
“(Esto) va acompañado de prisiones preventivas, constituyendo un problema que ensombrece a la justicia”, agregó.
La liberación en las últimas semanas de media docena de políticos y funcionarios que estaban en prisión preventiva disparó las críticas a los fiscales del caso, quienes han gozado de mucho apoyo ciudadano, según encuestas.
– 13 meses presa –
El caso más reciente de prisión preventiva afecta a César Villanueva, ex número dos del presidente Vizcarra, acusado de haber recibido dádivas de Odebrecht hace 10 años cuando era gobernador regional, y de intentar obstruir esta investigación.
Pero el más mediático ha sido el de Keiko Fujimori, liberada el 29 de noviembre por orden del Tribunal Constitucional después de 13 meses recluida sin juicio.
La Corte ordenó que la hija del expresidente Alberto Fujimori enfrente en libertad las investigaciones, pero la fiscalía contraatacó y presentó un nuevo pedido de 36 meses de prisión preventiva que debe ser decidido por la justicia en los próximos días.
“La prisión preventiva sirve para muy poco si la mantenemos desconectada, como está, con un plazo corto y concluyente en el que sea obligatorio (para la fiscalía) presentar acusación”, expresó el exprocurador Azabache.
Para Álvarez “el respaldo que [los fiscales] requieren [de los tribunales] no puede ser entendido como cheque en blanco para eludir las críticas”.
El nuevo pedido de prisión contra Keiko provoca críticas de que el fiscal José Domingo Pérez y sus colegas se concentran en casos de opositores al presidente Martín Vizcarra.
“No cabe duda que hay una orientación política en las investigaciones, los fiscales filtran información de adversarios del gobierno”, dijo Rospigliosi.
Una crítica similar hizo una hija de Kuczynski: “Aún no hay acusación alguna y mucho menos sentencia judicial, pero ya le han embargado su casa de campo”, dijo Alex Kuczynski sobre el arresto domiciliario de su octogenario padre, quien se convirtió el 21 de marzo de 2018 en el primer presidente en ejercicio en América en renunciar por el escándalo de Odebrecht.