Detractores y partidarios del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se manifiestan este jueves en medio de una creciente tensión política, que esta semana ha dejado decenas de heridos y detenidos en protestas
La oposición comenzaba a reunirse en siete puntos de Caracas para marchar hasta la principal autopista de la ciudad, a la altura del barrio acomodado de Altamira.
Se trata de una protesta contra fallos con los cuales la corte suprema de justicia asumió brevemente, la semana pasada, los poderes del Legislativo, de mayoría opositora, y retiró la inmunidad a los diputados.
Los fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), anulados parcialmente el sábado tras fuerte presión internacional, han impulsado a los adversarios de Maduro a tratar de reconquistar la calle.
Como ocurrió durante una protesta opositora el pasado martes, había fuerte presencia militar y policial, 16 estaciones del metro fueron cerradas y en los accesos a la ciudad había puntos de control que retrasaban el tráfico.
“Nuevamente la narco-corrupta cúpula madurista bloquea accesos a Caracas. Cierre estaciones Metro”, denunció el dirigente Henrique Capriles en Twitter.
Las movilizaciones opositoras, que congregaron a cientos de miles entre septiembre y octubre de 2016, perdieron fuelle cuando la dirigencia aceptó un diálogo con el gobierno chavista, en el que no consiguió sus principales propósitos: un calendario electoral y liberar a opositores encarcelados.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) congeló las conversaciones en diciembre y ahora retoma las calles con los mismos objetivos.
El martes, una marcha que pretendía acompañar a los asambleístas al palacio legislativo fue dispersada por la policía con bombas de gas y chorros de agua, y dejó, según la oposición, medio centenar de lesionados, uno de ellos de bala, y una docena de arrestos.
El gobierno impide cualquier marcha opositora hacia el centro, donde se concentran los poderes y que considera un bastión. Y para este jueves convocó una movilización al Parlamento para protestar contra el “golpe parlamentario” que -alega- quiere dar la Asamblea Nacional en su cruzada contra el TSJ.
– Olla de presión –
El riesgo de enfrentamientos está latente.
Los hubo el miércoles en las ciudades de San Cristóbal, fronteriza con Colombia, y Valencia (norte), entre uniformados y estudiantes universitarios que respondieron con piedras y palos a gases lacrimógenos.
Directivos de las universidades reportaron 21 heridos en San Cristóbal y 14 en Valencia.
Ahora, el centro de la protesta opositora será dar apoyo a un proceso iniciado el miércoles en la cámara para destituir a los magistrados del TSJ.
Sin embargo, la iniciativa tiene escasas posibilidades de prosperar, pues el Poder Moral debe declarar antes que los jueces cometieron una “falta grave”. El Poder Moral está integrado por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, cercanas al chavismo.
Aunque la fiscal general, Luisa Ortega, consideró la semana pasada los dictámenes del TSJ como una “ruptura del orden constitucional”, abriendo una fisura en el oficialismo, se requeriría un voto más para calificar la falta como grave.
Ya el defensor del pueblo, Tarek William Saab, descartó que las sentencias cortaran el hilo constitucional.
– “Dejando la piel” –
De todos modos, “Maduro no puede decir ahora que está seguro de los apoyos que tiene dentro de la estructura de poder, incluidas las Fuerzas Armadas”, declaró a la AFP el politólogo Luis Salamanca.
Por ello, el mandatario “no tiene interés” en elecciones este año, como exige la oposición, añadió.
Los comicios de gobernadores debieron realizarse en diciembre de 2016, pero fueron suspendidos y aún no tienen fecha. Los de alcaldes están pautados para este año y los presidenciales para diciembre de 2018.
Maduro solo se refiere en sus alocuciones a las presidenciales del año próximo.
La oleada de marchas se produce además entre creciente presión internacional, en especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el lunes declaró una “grave alteración” del “orden democrático” en el país.
El jefe parlamentario, Julio Borges, viajó este jueves a Washington, invitado por el secretario general del organismo, Luis Almagro.
La colisión de poderes ocurre en el marco de una aguda crisis económica, con severa escasez de alimentos básicos y medicinas y una inflación que este año escalará a 1.660%, según el FMI.