El mundo está actualmente centrado en el combate de la pandemia del Covid19, pero no se puede olvidar que el cambio climático es un problema mucho mayor y a largo plazo.
Los importantes temas de cambio climático y gobernanza ambiental fueron abordados este lunes en las mesas consultivas convocadas por el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) con la finalidad de buscar una perspectiva de políticas a ser asumidas institucionalmente como respuestas a la pandemia del Covid-19.
El mundo está actualmente centrado en el combate de la pandemia del Covid19, pero no se puede olvidar que el cambio climático es un problema mucho mayor y a largo plazo. Fueron las palabras de apertura ofrecidas por Mirian García, asesora técnica de la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), durante la Mesa Consultiva que lleva adelante el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), que en la jornada matutina de la segunda sesión estuvo dedicada a este tema.
Junto a García participaron, José Luis Samaniego, director de Desarrollo Sostenible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Gustavo Mañez, coordinador Regional de Cambio Climático para América Latina y el Caribe de ONU Medio Ambiente, y Ligia Castro de Doens, directora de Cambio Climático de (MiAMBIENTE).
Los expositores coincidieron en que la hoja de ruta a seguir ante esta coyuntura es la aplicación de El Acuerdo de Paris (2015) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las que Panamá forma parte, asegurando que la aplicación de estas herramientas globales ayudaría a alcanzar metas puntuales como la cobertura básica de saneamiento a la población, cambio de la matriz energética y movilidad urbana eléctrica, generar resiliencia en áreas rurales y zonas urbanas, evitar la expansión de las fronteras agrícolas, fortalecer la seguridad alimentaria y buscar en la naturaleza las soluciones ante las amenazas del cambio climático; entre muchas otras acciones.
Según los panelistas América Latina se enfrenta a su mayor crisis económica desde en el último siglo, una realidad que exige cambios profundos en la región como; pasar de la economía gris (economía informal) a una economía verde, que genere miles de empleos, lo que requerirá que el poder fiscal del Estado se articule, teniendo en cuenta que debe invertir en el futuro y hacer frente a las presiones retrogradas basadas en el uso de combustible fósiles como centro de la economía.
Además, se planteó incluir la reducción de los subsidios a las actuales fuentes de energía por energías limpias, al aprovechar la tendencia de bajo costo de los hidrocarburos en este tiempo.
Por su parte Ligia Castro, estableció que MiAMBIENTE lleva de manera trasversal la gestión de los riesgos climáticos, medidas de adaptación y reducción de emisiones nacionales de gases efecto invernadero a través de la planificación de políticas, estrategias, proyectos y planes dentro del sector público y privado en el país, con el que se espera impactar en las áreas de infraestructura, biodiversidad, ecosistemas marinos, agricultura, ganadería y acuicultura, bosques entre otras; que incluso incluye un trabajo en conjunto con los municipios de todo el país.
La necesidad de fortalecer la gobernanza es un criterio en que han coincidido quienes han expuesto en la jornada vespertina de la mesa de trabajo. Luisa Araúz, asesora del despacho superior de MiAMBIENTE, resaltó la importancia del Acuerdo de Escazú, que abre espacios para la participación de la sociedad civil en la búsqueda de información; así como el compromiso del sector gubernamental en crear condiciones para fortalecer este instrumento.
Igualmente, la abogada Ligia Rodríguez, resaltó los retos que deben ser superados para lograr la consolidación de la gobernanza y que la interacción entre la institucionalidad y la sociedad civil puedan construir un diálogo que beneficie la gobernanza ambiental. Por su parte, el comisionado Felipe Cruz, director de la Policía Ambiental, Rural y Turística se refirió a los objetivos estratégicos y la forma como esa entidad ha fortalecido sus tareas junto a otros servicios de seguridad.
Bethzaida Carranza, directora ejecutiva de la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental de Estados Unidos, expuso sobre los desafíos en la implementación de normas ambientales y necesidades de fortalecimiento en el contexto del Tratado de Protección Comercial entre Estados Unidos y Panamá e hizo énfasis en la no regresión a revisar aspectos del acuerdo que han sido pasos acordados en la protección ambiental.
El profesor y abogado Aresio Valiente López se refirió a los derechos sostenibles y a la necesidad de dar fortaleza a los instrumentos de concertación que han sido consignados en las normas. Se preguntó sobre el valor que se va a dar a aspectos de participación en el Acuerdo de Escazú.
Organismos gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y universidades han respondido para exponer sus propuestas que buscan enriquecer una estrategia para hacer frente ambientalmente a los efectos de la crisis sanitaria, producto del coronavirus. Una amplia intervención ha tenido el público con mensajes, consultas e interacción con los panelistas. También han sido absueltas preguntas y aclarado conceptos en estas mesas consultivas.