Un informe presentado por el MIDES Y ONU Mujeres señala que el COVID-19 afecta a hombres y mujeres de manera diferente, y que las pandemias empeoran las desigualdades a las que ya se enfrentan mujeres y niñas.
Aunque todas las personas han estado afectadas por la crisis provocada por la pandemia COVID – 19, ésta tiene impactos diferenciados en las mujeres. Ante este contexto crítico, en Panamá, como en otros países, cualquier política económica social que se implemente para la recuperación post pandemia debe tomar en cuenta la diferenciación entre los efectos en hombres y mujeres. El Ministerio de Desarrollo Social y ONU Mujeres analizaron el contexto social y económico que atraviesa la mujer panameña entorno al COVID-19.
A través de un espacio virtual, la ministra de Desarrollo Social (MIDES), Markova Concepción Jaramillo, junto a María-Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres y otras especialistas, presentaron el documento “Panamá: el impacto de la pandemia del COVID-19 en las mujeres. Diagnóstico y recomendaciones para la reactivación económica y social”.
El estudio reveló que las mujeres son las primeras en responder como trabajadoras del hogar remuneradas (empleadas domésticas) o no remuneradas (amas de casa), como profesionales de la salud, voluntarias de la sociedad civil, voluntarias comunitarias y cuidadoras remuneradas.
En ellas los efectos de la crisis se multiplican al ser las “responsables designadas” de evitar el contagio familiar, mantener la salubridad del hogar, dar soporte emocional, y administrar los recursos de la familia.
Además, trabajan en primera fila en los sectores imprescindibles para la satisfacción de las necesidades básicas en el sector salud (hospitales, laboratorios, farmacias, limpieza, administración, etc.), y en el comercio minorista donde son el 52% (De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) entre otros.
También se analizan los indicadores económicos de la mujer panameña. Antes de la pandemia aproximadamente una de cada cinco personas en Panamá vivía en pobreza multidimensional. Pero en las regiones indígenas las proporciones se elevan: 93.7% en las mujeres Gunas, 89.8% en las mujeres Ngäbe Buglé y 70.9% en las mujeres Emberá.
Además, las mujeres sin ingresos propios de 15 y más años son el 25%, entre 15-24 años son el 44.4% y en el área rural 53.8%.
De acuerdo con los expertos, estos indicadores representan las mayores desigualdades que experimentan las mujeres y que han afectado sus vidas desde antes de la pandemia. Frente a este panorama las expertas coincidieron que la agenda estatal debe incluirlas en los planes de reactivación de la economía de una forma visible, con su participación y en atención al cuidado.
De acuerdo con el informe, como resultado del confinamiento, la violencia basada en género, incluyendo el femicidio y la violencia sexual, ha aumentado de manera alarmante.
En las comarcas indígenas los delitos sexuales aumentaron considerablemente, siendo las comarcas de Guna Yala y Emberá las más afectadas.
Otro aspecto que se visualizó fue la brecha tecnológica y las barreras visibles que enfrentan las mujeres. A pesar de que en Panamá la penetración del Internet es del 70% en muchos lugares como las áreas comarcales y sitios lejos de la capital no cuentan con acceso al internet en muchas de sus zonas, lo que dificulta el desarrollo de cualquier actividad.
Durante su intervención la ministra Markova Concepción, destacó la importancia de incorporar en los paquetes de recuperación y estímulo fiscal, herramientas de presupuestación con enfoque de género y fortalecer los sistemas de seguimiento a la asignación y ejecución de las inversiones para la igualdad de género, y evitar recortes o desviaciones hacia otras prioridades de gasto.
También abogó por apoyar a los sectores más afectados que emplean a una gran proporción de mujeres como el turismo, la hostelería y el comercio minorista, con planes específicos para apoyar la reconversión y la empleabilidad de las mujeres.
María-Noel Vaeza de ONU Mujeres, coincidió con la ministra en abordar la emergencia sanitaria de forma integral donde se brindes espacios de participación a la mujer.
De igual forma, señaló la importancia de impulsar mecanismos de inversión que generen modelos de financiamiento innovador y sostenible para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas como forma de contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030.
La consultora Juana Camargo, quien participó de la elaboración del diagnóstico, presentó el documento que refleja distintos escenarios con el objetivo de visibilizar dónde están los impactos diferenciados y a su vez incluye una serie de recomendaciones para una respuesta efectiva al COVID-19 que integre un enfoque de género, entre ellas:
• Invertir en la educación de las niñas y adolescentes en disciplinas vinculadas con las STEM y en el cierre de la brecha digital entre niños y niñas.
• Brindar conocimientos, herramientas y oportunidades a las mujeres para que puedan insertarse adecuadamente en empleos remunerados vinculados nuevas tecnologías de la información y la conectividad; trabajo en redes sociales, etc.
• Poner en marcha un programa masivo de capacitación en innovación y tecnología para el desarrollo de industrias creativas para mujeres jóvenes.
• Desarrollar planes específicos para transversalizar el enfoque de género con las diferentes instituciones del Estado en línea con el programa del Sello de Igualdad para disminuir la brecha de ingresos entre mujeres y hombres.
• Impedir la afectación de recortes presupuestarios a servicios públicos básicos y programas para promover la igualdad de género para minimizar el impacto desproporcionado en las mujeres.
Dayanara Salazar, Coordinadora de Programas para Panamá de ONU Mujeres, presentó las recomendaciones a las autoridades nacionales como realizar un análisis de los sesgos de género de las políticas macroeconómicas y los paquetes de estímulo fiscal propuestos, estudiando sus efectos diferenciados por sexo en el empleo, la capacidad de consumo y ahorro o el impacto en el trabajo no remunerado.
Así como complementar las políticas de empleo con políticas de protección social para promover la formalización de las personas que trabajan en el sector informal para ampliar la cobertura a las personas quienes realizan tareas de cuidado no remuneradas.