En marzo la Fiscalia Anticorrupción de España envió una solicitud de información a Panamá, a principios de julio impulsó otra. Buscan pruebas que incriminan a la constructora.
La justicia española está segura que en Panamá hay pruebas que comprometen a la empresa FCC y comprueban su participación en una escandalosa red de sobornos para quedarse con jugosos contratos de obras públicas enel país centroamericano.
Hasta ahora se ha confirmado que la empresa pago unos 97 millones de dólares para quedarse con los contratos de la Ciudad Hospitalaria y el Metro de Panamá. Esto basados en confesiones hechas por exejecutivos de esa firma constructora que admitieron en ese país el abrumador caso de corrupción.
Pero la Fiscalía Anticorrupción de España busca mayores evidencias y en ese proceso ha pedido a Panamá, información que le permita contrastar los movimientos financieros de personas y empresas, que hasta ahora conforman la red de 18 destinos bancarios a los que llegó el dinero de las coimas de FCC .
La primera solicitud data del 13 de marzo de 2020 y según un documento presentado a comienzos de julio ante la Audiencia Nacional de España, por la Fiscalía Anticorrupción, esa información dará luces claras sobre si hay vinculaciones del abogado Mauricio Cort con los los intereses económicos de los expresidentes RIcardo Martinelli o Juan Carlos Varela en Panamá.
Ellos buscan evidencia sobre el historial de Mauricio Cort en cuanto compra y venta de inmuebles y propiedades en Panamá, para cotejar si las compras de propiedades en el país centroamericano se encuentran en la ruta de los 65 millones de dólares que FCC transfirió a cuentas de Cort en el Mizrahi Bank en Suiza, donde han identificado un “circuito” de cuentas y transacciones del abogado.
España ha identificado “un patrón típico de blanqueo” alrededor de Cort. “Parece ser quien aportaba el capital para la compra de propiedades a favor de sociedades en las que se vincula a Martinelli o sus allegados y altos funcionarios panameños”, dice el documento presentado en la Audiencia Nacional que esperaba lograr una segunda solicitud de información a Panamá y Suiza.
Esta segunda rogativa también intenta definir la participación de dinero proveniente de Cort en la empresa Promotora y Desarrollo los Andes que en principio incluía a los hijos del presidente Martinelli ( Luis Enrique y Ricaro Alberto Martinellli Linares), y que desde 2013 el 75% de las acciones quedó bajo control del expresidente.
Por eso España está interesada en la declaración de Evelyn Vargas Reynega, quien aparece como presidenta de Promotora y Desarrollo Los Andes y también de la empresa Desarrollo Inmobiliario Ibérico. casualmente beneficiaria final de un helicóptero y un apartamento incautado en Madrid.
Estas propiedades antes de pasar a ser patrimonio de Desarrollo Inmobiliario Ibérico, estuvieron registradas a nombre de Petro Traiding Corp, propiedad del panameño Raúl De Saint Malo, quien a su vez las recibió de Mauricio Cort. La declaración de Raúl De Saint Malo, condenado en Panamá por Blanqueo de Capitales, es otro de los objetivos de España en esta segunda petición.
También España quiere las declaraciones de Guillermo Sáez Llorens y Federico Suárez vinculados a Promotora y Desarrollo Los Andes y que fueron altos funcionarios en el gobierno de Martinelli.
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Al mismo tiempo buscan en Suiza información sobre una cuenta de Mauricio Cort que recibió 4 millones de dólares en un mismo día de Global Quality, una sociedad que en Panamá está vinculada a la cuenta 01820011061677001 de BBVA que en 2012 FCC utilizó para los desembolsos relacionados a la compra de acero que fue utilizado en la construcción de la Línea 1 del Metro de Panamá.
Según fuentes a las que En Segundos tuvo acceso, el Ministerio Público de Panamá no maneja información oficial al respecto de estas solicitudes. En el Pleno de la Corte Suprema se encuentra pendiente de decidir sobre un Amparo de Garantías presentado por el Ministerio Público en un intento de lograr que se le conceda más tiempo en la investigación de este caso en Panamá.