El australiano, de 49 años, debía volver ante los tribunales en abril pero el proceso se vio retrasado por la pandemia de coronavirus.
Un tribunal londinense reanudó este lunes el juicio para decidir si el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, debe ser extraditado a Estados Unidos, que lo quiere juzgar por espionaje en un caso que sus defensores denuncian como clave para la libertad de prensa.
Vestido con un traje oscuro y una corbata granate, Assange confirmó su identidad al inicio de la vista y declaró formalmente que rechazaba la extradición. Era su primera aparición pública desde febrero, cuando tuvo lugar una primera semana de audiencias antes de posponerse el caso.
El australiano, de 49 años, debía volver ante los tribunales en abril pero el proceso se vio retrasado por la pandemia de coronavirus que, según sus abogados, les impidió tener acceso a él en la cárcel para preparar el caso.
Se prevé que las vistas duren tres o cuatro semanas y estén marcadas por las protestas.
Varias decenas de personas, incluida la diseñadora británica Vivienne Westwood, se manifestaron el lunes por la mañana a las puertas del tribunal con pancartas que decían “¡Encarcelen a los criminales de guerra, liberen a Julian Assange!”.
“El futuro del periodismo está en juego”, afirmó el redactor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, durante la protesta.
Antes de pronunciarse sobre la solicitud de extradición, la justicia inglesa debe asegurarse de que no sea desproporcionada o incompatible con los derechos humanos.
Recluido en una prisión londinense de alta seguridad desde su detención en abril de 2019 en la embajada de Ecuador, donde durante siete años vivió refugiado en un pequeño cuarto, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel si la justicia estadounidense lo declarase culpable.
Washington le reprocha haber puesto en peligro a informantes y activos estratégicos con la publicación en 2010 de comprometidos documentos secretos sobre las acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos.
Pero para su comité de apoyo, son “cargos con motivación política” que “representan un ataque sin precedentes a la libertad de prensa y al derecho del público a saber”, denunciaron en un comunicado.
– “Pirata informático” y ladrón de secretos –
“Permitir la extradición de Julian Assange sobre esta base tendría un efecto escalofriante en la libertad de prensa y, en última instancia, podría obstaculizar la labor de la prensa como proveedora de información y guardiana pública en las sociedades democráticas”, advirtió por su parte el Consejo de Europa.
Pero Estados Unidos defiende que Assange no es periodista sino “pirata informático” y asegura que ayudó a la analista de inteligencia Chelsea Manning a robar esos documentos secretos antes de exponer el material a los ojos del mundo.
Lo acusa además de haber conspirado con miembros de los grupos de hackers LulzSec y Anonymous y de haber tenido “acceso no autorizado a un sistema de computación gubernamental de un país de la OTAN”.
Los abogados de Assange llevan meses alertando sobre el frágil estado físico y mental del australiano, que en comparecencias previas apareció confuso y con dificultades para expresarse o simplemente estuvo ausente por problemas de salud.
En las vistas de febrero aseguraron que el presidente estadounidense Donald Trump había prometido perdonarlo si negaba que unos correos electrónicos publicados por WikiLeaks y que contribuyeron a la derrota de su rival demócrata Hillary Clinton en las presidenciales de 2016 le habían sido filtrados por Rusia.
La Casa Blanca ha negado esta acusación.
– “Persecución política” –
Según la defensa del australiano, Trump quiere hacer con él un castigo “ejemplar” en su “guerra contra los periodistas de investigación” y Assange no tendría un juicio justo en Estados Unidos.
“La persecución política es evidente”, consideró al margen de las vistas de febrero el exjuez español Baltasar Garzón, que coordina su equipo de abogados a nivel internacional.
Los defensores de Assange denuncian también la vigilancia “ilegal” a cuenta de Estados Unidos por una empresa de seguridad española de la que fue víctima su cliente cuando vivía refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. La justicia española ha abierto una investigación a este respecto.
Sea cual sea el resultado de este mediático juicio en Londres, es casi seguro que la parte perdedora lo apelará. Por lo que el australiano, privado de libertad desde hace más de ocho años, podría permanecer muchos meses más encarcelado en la capital británica.