Enrique Lau Cortés, director general de la Caja de Seguro Social se refirió al caso con la contratista de la Ciudad de la Salud, FCC.
“El árbitro los condena a que ellos (Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., FCC) cubran los costos que ocasionó el proceso y ellos deben extender la fianza de cumplimiento por seis meses más”, expresó a los medios de comunicación el director general de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés.
Según Lau, se está en disputa con el contratista FCC, ya que este grupo interpuso una demanda, a través de un arbitraje de urgencia y, además, lo que se pretendía era que existiera un cierto grado de blindaje a la fianza de cumplimiento, por el tiempo que dure el proceso, que puede ser de dos a tres años.
Señaló que la CSS está a la espera de una opinión del laudo arbitral. Adelantó que a FCC no se le concedió la petición por lo que dure el proceso, pero sí se le otorgaron 90 días de blindaje, tiempo en el que se inhabilita a la institución panameña el uso de la fianza de cumplimiento de 35 millones de dólares, por 90 días, después de establecido el tribunal arbitral de otra demanda que le pusieron a la Caja de Seguro Social por 120 millones de dólares.
“El árbitro los condena a cubrir los costos que ocasiona el proceso, por lo que deberán extender la fianza de derecho por seis meses más”, dijo.
Lau manifestó que Panamá es un Estado de derecho, donde hay seguridad jurídica, por lo que la institución seguirá utilizando los recursos que les dan las leyes de la república.
La CSS rechaza las intenciones de la empresa FCC de exigir un pago de 125 millones de balboas, pese a que ha incumplido con las obras que se realizan en la Ciudad de la Salud.
A pesar de las negociaciones que se mantenían con el consorcio, este presentó una demanda internacional, por medio de la cual solicita dicho pago.
El Banco Mundial (BM), anunció ayer miércoles 16 de septiembre, la inhabilitación de la constructora española FCC durante dos años, por “prácticas fraudulentas y de colusión” en dos licitaciones de un proyecto medioambiental en Colombia, a cuyo Gobierno deberá pagar 5.5 millones de dólares.
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