Ante la disyuntiva surgida por la aprobación del proyecto de Ley 135, por la Asamblea Nacional, que crea 11 nuevos corregimientos en la provincia de Bocas del Toro, sostuvo que habría que analizar si estas nuevas juntas comunales.
Aunque se mostró de acuerdo, o al menos dijo que la creación de nuevos corregimientos “no es mala”, el municipalista, Narciso Machuca, señaló que el problema radica en que la creación de esas jurisdicciones se puede estar dando sin cumplir los requisitos establecidos en las Leyes 65 de 22 de octubre de 2015 o la 37 de 2009.
Estas normas, entre otros aspectos, indican que, para crear un nuevo corregimiento en zona urbana debe haber 3 mil habitantes o tres mil moradores; tener un mínimo de población del que queda o el nuevo, y, adicional, debe hacerse un estudio socioeconómico y una consulta donde el 10 por ciento de las comunidades participe y dé su opinión.
El exsubdirector de la Secretaría Nacional de Descentralización cuestionó que, si el argumento para la creación de estos nuevos corregimientos es proporcionar mejores condiciones de vida para esas poblaciones, la pregunta es: ¿73 mil dólares al año son suficientes para solucionar los problemas de las comunidades, tomando como base los 110 mil dólares que el Estado les otorga anualmente, de los cuales el 70% es para inversión?
Opinó que, difícilmente la comunidad podrá mejorar su nivel de vida con esta cantidad de dinero al año. Añadió que si se funda un nuevo corregimiento y a este no se le están dando los recursos, ni a la junta comunal, ni al municipio, se convierte a la entidad municipal en una subsidiada, por lo tanto, tendrá menos medios económicos para darle a las juntas comunales. Entonces, lo que se está haciendo es agravando la situación del municipio.
“Tienen que establecerse algunos requisitos, en cuanto a medir el grado de impacto que van a tener esos nuevos proyectos en las comunidades y también analizar la sostenibilidad financiera que posean esos municipios o juntas comunales”, sostuvo el abogado, economista y docente universitario.
Ante la disyuntiva surgida por la aprobación del proyecto de Ley 135, por la Asamblea Nacional, que crea 11 nuevos corregimientos en la provincia de Bocas del Toro, sostuvo que habría que analizar si estas nuevas juntas comunales tienen sostenibilidad económica.
“El problema radica -añadió Machuca- en si se pueden crear corregimientos que no cumplan con los requisitos, aunque se arguya que muchos de esos son para mejorar la condición de vida de los ciudadanos, servicios básicos, agua, escuelas y otros”.
Agregó que, “los requisitos que se están poniendo para crear los corregimientos no son suficientes, porque solamente indican que hay un estudio de límites, pero no si hay un estudio socio económico, tampoco se dice si los recursos para esa junta comunal le alcanzan para funcionar”.
Recientemente, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, el proyecto de Ley 135, mediante el cual se crean once nuevos corregimientos en la provincia de Bocas del Toro.
La nueva división territorial comprende los corregimientos de: Boca del Drago y San Cristóbal, en el distrito de Bocas del Toro; Finca 66, Finca 12, Finca 4, Finca 51, La Mesa y Barranco Adentro, en el distrito de Changuinola; Miraflores, Bajo Culubre y Ceiba, en el distrito de Almirante; y el de Cauchero, que se segrega del distrito de Bocas del Toro y se incorpora al distrito Almirante.
En su momento, el diputado proponente del proyecto, Benicio Robinson, dijo que con la creación de los nuevos corregimientos “se garantiza el desarrollo de las comunidades, el fortalecimiento de las instituciones y municipios y mejora el acceso a los servicios públicos de los habitantes que viven distantes, quienes por estar aislados no tienen acceso a centros de salud, ni escuelas dignas”.
De igual forma, se aprobó en tercer debate el proyecto de Ley # 73, que crea nuevos corregimientos en la comarca Ngäbe-Buglé, propuesta del diputado Leopoldo Archibold, quien manifestó que con esa acción da respuesta a una aspiración de varias comunidades de contar con un desarrollo económico y social equitativo.
El proyecto en referencia busca establecer las jurisdicciones de Trinchera Comarcal, segregado del corregimiento de Mününi, y Canoa, separado del corregimiento de Piedra Roja, del distrito Kankintú. También se dividen Beri, del corregimiento de Tu gwai, y Daira, del corregimiento de Mancreek, ambos del distrito de Jirondai. Igualmente se crean los corregimientos de Vegay, segregado del corregimiento de Río Chirgwai, y Bucori, segregado del corregimiento de Bahía Azul, del distrito de Kusapín, y Bisira, corregimiento del distrito de Kankintú.
Algunos sectores de la provincia de Bocas del Toro se han manifestado en contra de la creación de los nuevos corregimientos, debido a que la consideran inconsulta.