El abogado Ángel Álvarez asegura que ambas instituciones han ignorado una decisión judicial y mantienen vigente un contrato de 168 millones de dólares.
Ni en la Dirección General de Contrataciones Públicas (PanamaCompra), o en la Caja de Seguro Social,(CSS) existe algún documento oficial, que suspenda formalmente el contrato de la licitación 2019-1-10-0-99-LV-356528, otorgado al consorcio Salud en Control, en abril de 2020, y que la Corte suprema de Justicia revocó.
Se trata de un jugoso contrato por 168 millones de dólares, para el abastecimiento a nivel nacional, de las farmacias de la Caja de Seguro Social, que según la Corte se otorgó violando el debido proceso, porque las instituciones ignoraron un documento y así descalificaron al proponente que ofrecía 30 millones menos, que el ganador de la licitación. Según el máximo tribunal, esa omisión invalidó todo lo actuado.
Hace ocho mees y tras una enorme ola de presión, por la opinión pública, el director de la CSS, Enrique Lau Cortés anunció, públicamente, la suspensión del contrato. Sin embargo, en el portal PanamáCompra, de la Dirección General de Contrataciones Públicas, el estatus de la licitación es, “adjudicado”, desde el pasado 6 de abril con la resolución DF- 268- 2020.
La empresa que resultó ganadora, ofertó 30 millones de dólares por encima del consorcio, que según la Corte Suprema, ha sido perjudicado. En el fallo del 24 de septiembre de 2020, ante un recurso de Amparo de Garantías, el Judicial estimó que se ignoró una documentación presentada por Disur & Motion Healt Care, el 2 de marzo, esa omisión permitió que el 30 de marzo, se descalificara a ese consorcio y el 6 de abril se adjudico el contrato a Salud en Control, como único proponente. Ahora el pleno de la Corte determinó que esa decisión no es válida.
“La decisión de la Corte no ha sido acatada, o atendida en ninguna forma, por el director de la CSS, o el señor Fuentes de Contrataciones Públicas” , explica el abogado Ángel Álvarez que representa Disur & Motion Healt Care, ” Simplemente no han hecho caso a la decisión de la Corte, no han emitido ningún pronunciamiento, se burlan de todos los ciudadanos”.
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El recurso de desacato se presenta contra Lau Cortés como director de la CSS y el ingeniero Raphael Fuentes, director General de Contrataciones Públicas, la institución que adjudicó el contrato.
El Presidente de la República debería pronunciarse sobre el tema. Si de verdad castigará a los funcionarios corruptos, que demuestre que no está hecho de leche condensada.