La fiscal general de cuentas, Waleska Hormechea, dijo que la cautelación de bienes a la rectora de la Unachi, es sobre el salario de B/.13,666.00, sin embargo, aclaró, que “la funcionaria no está implicada directamente”.
Luego de que se cumplan, este viernes 12 de marzo, los seis meses de investigación que realiza la Fiscalía de Cuentas, en el caso relacionado a la rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, se solicitará una prórroga de dos meses.
Así lo confirmó la fiscal general de cuentas, Waleska Hormechea, quien añadió que la cautelación de bienes a la rectora de la Unachi, es sobre el salario de B/.13,666.00, sin embargo, aclaró, que “la funcionaria no está implicada directamente”.
Señaló que solamente se le impuso una medida cautelar sobre el salario precitado, y reiteró que tampoco se trata de una situación irregular de su administración o de ella, sino que se trata de una denuncia presentada por una persona en el año 2017, contra una docente que estaba cobrando doble salario, en la Unachi y en un colegio de la ciudad de David.
Por lo cual, explicó la fiscal Hormechea, pasó al inicio del auto correspondiente por parte de la Contraloría General de la República y dijo que la cautelación se produce por una responsabilidad solidaria que tendría la rectora de Bonagas en esta investigación, que dio inicio en agosto del 2020.
Tras una auditoría remitida por la Contraloría General de la República, que da cuenta de supuestas irregularidades establecidas por un monto de 170 mil balboas relacionadas al pago de una docente, lo cual involucra a esta administración y a la anterior del centro universitario.
Esto dio paso al inicio del audito por parte de la Contraloría General de la República considerando que hay irregularidades y una afectación patrimonial, por lo que se da la intervención de la Fiscalía de Cuentas.
Mientras que la rectora de la Unachi ha manifestado en medios de prensa locales, que la docente investigada fue la que recibió el dinero y que ella lo que ha hecho es proporcionar la información correspondiente para que la Fiscalía de Cuentas realice sus investigaciones.
Agregó que el proceso por la presunta lesión patrimonial que adelanta la Fiscalía de Cuentas y donde se le han cautelado los bienes a su nombre, “es un problema heredado”.