“Si bien el Municipio posee, a nivel constitucional, la tarea de ordenar su territorio, no es menos cierto que esto debe ejecutarse con una participación efectiva de la población, en especial, la afectada”, advierte ambientalista Harley Mitchel Morán.
Posiciones a favor y en contra de representantes de la sociedad civil y gremios de profesionales, surgen tras las intenciones de las autoridades municipales de Panamá de reformar al Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT).
“El Plan de Ordenamiento Territorial es algo que no debiera evaluarse tan a la ligera”, expresó el expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), Gustavo Bernal.
Para este jueves 25 de marzo, la Comisión de Vivienda del Consejo Municipal de Panamá revisará las propuestas presentadas por la Red Ciudadana Urbana de Panamá y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), sobre el PLOT para el distrito de Panamá.
De acuerdo con el expresidente de la SPIA, lo que persigue este tema es aprobar proyectos de construcción que no lograron ser ejecutados por alguna restricción del Plan y recordó que existen construcciones de edificios que se “pararon”, precisamente por incumplimiento con el PLOT anterior.
“Solamente intentan “flexibilizar” la medida para lograr otorgar el visto bueno para el desarrollo de edificios que no fueron aprobados por el PLOT y lo quieren hacer ahora a “tambor batiente”, explicó Bernal.
De acuerdo a los concejales, esta es la segunda revisión que se hará en la Comisión para “llegar a algún acuerdo y hacer el tema lo más democrático posible”.
El presidente de la Comisión de Vivienda de la cámara edilicia, Abdiel Sandoya, señaló que el documento fue presentado en la gestión anterior, una semana antes de culminar el periodo.
“Enviamos el documento original para ser revisado por asociaciones que tienen conocimiento del tema y concluyeron que era importante incluir el tema de la densidad poblacional”, dijo Sandoya.
“Se espera consensuar las propuestas para luego llevar el documento final a aprobación”, informó.
En este contexto, el ambientalista Harley Mitchel Morán, considera que “si bien el municipio posee, a nivel constitucional, la tarea de ordenar su territorio, no es menos cierto que esto debe ejecutarse con una participación efectiva de la población, en especial, la afectada”.
“Lo anterior corresponde a un esquema propio de los derechos humanos reconocidos internacionalmente”, añadió el ambientalista.
En ese sentido, precisó que “las tareas de consulta establecidas en las leyes, solamente son herramientas para garantizar el verdadero derecho de la gente, y que más allá de ser consultados, es participar de forma efectiva de los cambios que les afectan, interpretada esta participación de la manera más amplia posible”.
Por su parte, Gerónimo Espitia, agregó que “los planeamientos de territorialidad no ven edificios, lo que se ve es: cómo se está utilizando el suelo y que no genere riesgos, ni a la vida humana, a la economía del país, ni a la infraestructura, esa es una variable que ve el ordenamiento territorial”.
A manera de ejemplo mencionó el caso del corregimiento de Juan Díaz, en donde el desarrollo inmobiliario ha provocado pérdida de cobertura boscosa y de bosques de galería, lo que incrementa riesgos a la sociedad que reside próximo a esos cuerpos de agua.
Adicionó que “el ordenamiento territorial lo que busca es definir políticas de uso de suelo que reduzcan los riesgos a la vida humana, generando una economía eficiente, no una deseconomía, de manera tal que todos los usuarios que viven ahí están satisfechos, confortables y seguros que lo que plantearon lo van a lograr, un propósito a la vida humana”.
“Las autoridades tienen que respetar el acuerdo que se dio en ese proceso social y no lo pueden invalidar, ni tampoco desconocer el costo incurrido para que se llevara a cabo”, recalcó.
En su opinión como ciudadano, complemnetó en que “se hizo una inversión pública de 1.3 millones de balboas, que bien o mal en su momento, se alcanzó un acuerdo con los participantes y el escenario fue, precisamente, el Consejo Municipal de Panamá, durante la administración de José Blandón Figueroa”.
“El acuerdo contemplaba validar, sin embargo, con esta nueva autoridad municipal, se ha desconocido todo ese proceso”, por lo que apuntó que “se debe revisar el Plan, pero se pregunta qué se va a revisar, si todavía no está operativo, porque esta etapa se presenta cuando está operando, para medir su cumplimiento o no”.
“Pero, por qué van a cambiar algo que desde ningún momento jurídico tuvo ninguna validez por las autoridades locales, en este caso por el Consejo Municipal”, preguntó.
“Los concejales son responsables de lo que está pasando, incluyendo a la directora de Planificación Urbana, Paula Boza, quien no es planificadora, posee maestría en diseño de interiores y es ella quien está llevando el proceso de gestión de la ciudad, sin tener conocimiento respectivo. Ella es arquitecta, pero no tiene conocimiento para atender el tema urbano, porque es neófita en este aspecto”, reveló Espitia.
Mencionó que en esta administración, un grupo de arquitectos se reunió con el alcalde José Luis Fábrega, para solicitar la modificación del estudio, pero la pregunta que surge es: ¿cómo van a pedir algo que todavía no había entrado en el proceso y esa revisión no podía hacerse de espalda a la sociedad, porque sería una contradicción a la misma ley de urbanismo”.
“No puede ser -subrayó- que un grupo de arquitectos, que dicen que no les satisface ese trabajo, en contubernio con el alcalde y los representantes de corregimientos, vayan a actuar en contra de la sociedad”.
“Toda acción que persiga producir un efecto sobre la vida del ciudadano tiene que ser consultada. Tú no puedes hacer nada a espalda de la sociedad”, remarcó el arquitecto.
“Todo este proceso que ha distorsionado el acuerdo social, ha surgido por un grupo de ciudadanos que se otorgó el derecho a decidir por el resto de la los ciudadanos de la ciudad de Panamá, y eso no es aceptable”, advirtió Gerónimo Espitia.
“Desde la perspectiva social, avala que realmente hay una inversión y ese acuerdo que se dio en su momento tiene que ser respetado, porque la sociedad participó, mal o bien, participó, hay que darle valor. Y si se va a hacer un cambio a eso, no puede ser a espaldas de la sociedad, donde todos los actores y cada corregimiento, tengan derecho a participar, a votar y saber qué va a pasar en su corregimiento”, reiteró.
Además recordó que “todo lo que está pasando hoy en día se pudo evitar si la Junta de Planificación hubiera actuado en su momento”.