El movimiento asegura que los documentos presentados introducen conceptos que no están contemplados en nuestra legislación interna, ni definidos en dichas convenciones y que podrían abrir la puerta a que se interpreten de cualquier manera.
La Alianza Panameña por la Vida y la Familia, pidió hoy a la ciudadanía estar atenta, pues aseguran que se presenta nuevamente la necesidad de defender la familia natural, la soberanía y los pilares de nuestra forma de vida, para que no sean manipulados por doctrinas extrañas a la conciencia cívica, cristiana y republicana panameña.
En conferencia de prensa, acotaron que constituyen un espacio en el que se encarnan los valores morales y cívicos de nuestra panameñidad y en este momento saldrán como guardianes de esos principios. Las declaraciones se dan a raíz de dos convenciones presentadas para discusión en el Órgano Legislativo, por la Cancillería de Panamá, el pasado 17 de marzo de 2021.
El movimiento por la Vida y la Familia enfatrizó que defenderán nuestra forma de vida democrática y rechazaran aquellas clausulas o tratados, convenciones o convenios que vulneren los principios fundamentales de nuestra Constitución Política.
Destacan que la canciller ha presentado a la Asamblea Nacional dos convenciones que, so pretexto de proteger derechos legítimos y rechazar actos de discriminación también legítimos, introducen conceptos que no están contemplados en nuestra legislación interna ni definidos en dichas convenciones y que podrían abrir la puerta a que se interpreten de cualquier manera.
Por eso, aseguran se hace necesario que los diputados rechacen todo aquello que pudiera lesionar nuestra independencia jurídica, sobre todo en materia de vida y familia.
Los documentos promovidos por la cancillería son la Convención Interamericana contra el Racismo y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
“En el plano internacional, la lucha contra el racismo ha cobrado particular relevancia y resulta indispensable que Panamá se posicione de una manera firme contra cualquier actividad que promueva la intolerancia”, dijo Erika Mouynes, durante la presentación del documento.
Sobre la población adulta, a la que se refiere la segunda convención, la ministra de Relaciones Exteriores resaltó que, en Panamá, aglutina a cerca de medio millón de personas, cifra que seguirá en aumento, de acuerdo al pronosticado envejecimiento de la sociedad y recalcó el hecho de que, durante la actual pandemia, se han evidenciado sus particulares vulnerabilidades, que deben afrontarse con responsabilidad.
“Con estos compromisos, Panamá apuesta por un enfoque de “inclusión” social y contra el “descarte” social por razones de edad, raza o sexo”, enfatizó.
Las convenciones, las dos garantes de los Derechos Humanos en el sistema de la Organización de Estados Americanos, no han sido ratificadas por Panamá, lo que sí hicieron otros países de la región como México, Uruguay, Chile y Argentina, destacó la ministra de Relaciones Exteriores.