La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el lunes que los condenados por delitos menores relacionados con el crack, responsable de fuertes disparidades raciales en las cárceles estadounidenses, no podían recibir sentencias reducidas.
Los nueve magistrados que integran el alto tribunal consideraron en forma unánime que la formulación de la ley que prevé la reducción de las penas para infracciones más graves, no les permitía cruzar esa línea.
“Lamentablemente el texto no nos permite esta interpretación. Afortunadamente, el Congreso tiene muchas herramientas para corregir esta injusticia”, escribió la jueza progresista Sonia Sotomayor en un texto separado.
En la década de 1980, el crack, una sustancia barata derivada de la cocaína, devastó fundamentalmente barrios negros y desfavorecidos. Para detenerlo, el Congreso aprobó una ley para catigar severamente su tráfico: un gramo de crack se consideró equivalente a 100 gramos de cocaína en polvo en la escala de sanciones.
La medida aceleró condenas, especialmente de afroestadounidenses. Ahora se la considera en parte responsable del hacinamiento de las cárceles y de la representación excesiva de negros en la población carcelaria.
En 2010, el Congreso quiso rectificar la situación y equilibrar las sanciones reduciendo la proporción de 1 a 18 gramos, pero sin retroactividad.
Ya en 2018, en un consenso poco común bajo la presidencia del republicano Donald Trump, los legisladores adoptaron la “Ley del Primer Paso”, en un intento de vaciar un poco las cárceles, e hicieron retroactivo el texto de 2010.
Pero su redacción oculta a los condenados por delitos menos graves, como Tarahrick Terry, un hombre negro de 33 años condenado en 2008 a 15 años de prisión tras ser detenido en posesión de 3,9 gramos de crack.