“El procurador ha expresado que el Legislativo le ha puesto condiciones de diez años, este sometimiento da muestras que no se respeta la independencia de poderes. ¿Por qué el procurador acepta condiciones de parte de la Asamblea?, preguntó la socióloga.
La décimo octava jornada de protesta en las calles realizada por el Movimiento por la Defensa de la Niñez y la Adolescencia (Moprodena), tuvo lugar el viernes en los predios de la Procuraduría General de la Nación, para pedir que se acelere la investigación relacionada con el caso de los niños y adolescentes abusados en los albergues.
Aida Torres, socióloga parte del movimiento, señaló que durante sus protestas están pidiendo celeridad en el esclarecimiento de estos casos, “porque no podemos permitir impunidad en un caso tan atroz”.
Durante esta protesta, los activistas hicieron la distribución de unas 500 volantes, entre los transeúntes y conductores que se desplazaban por el área, en las que solicitaban a la población sumarse a estas protestas, debido a que observan “poco avance en las investigaciones”.
Torres manifestó que estas acciones se mantendrán en las calles porque como sociedad civil que forman parte de este movimiento, no pueden permitir que estos casos de niños “sin voz” , queden en la impunidad.
Moprodena es una agrupación que mantiene una lucha sobre los casos de abuso y violaciones a menores de edad en los albergues, con la finalidad de que se esclarezcan y no queden en la impunidad.
La socióloga Torres, mencionó que el 9 de junio, ciudadanos por la defensa de la niñez y la adolescencia, se reunieron con el procurador de la Nación, encargado, Javier Caraballo, quien les informó, que en cuatro meses desde que se recibió la denuncia de los albergues, se ha imputado a 13 personas y sentenciado a dos.
“Nos señaló que el informe de investigación entregado por la Asamblea, venía condicionado a que no podía hacerse público hasta pasados 10 años”, afirmó Torres y agregó que el Jefe del Ministerio Público hizo críticas a las estructuras administrativas de la Senniaf y de los albergues, situación que había sido causante de los delitos cometidos hacia los menores.
“El procurador ha expresado que el Legislativo le ha puesto condiciones de diez años, este sometimiento da muestras que no se respeta la independencia de poderes y nos preguntamos, ¿por qué el procurador acepta condiciones de parte de la Asamblea?”, detalló la socióloga.
A su vez, se pregunta, ¿por qué no investiga a servidores públicos? Si estos han cometido delito por omisión y no cumplieron con funciones administrativas en los albergues, lo que permitió estos delitos. ¿quienes son los 13 imputados, se desconoce por qué? Según el procurador no todo lo dicho por los medios y diputadas, está en el informe de la comisión legislativa.
En el mes de febrero pasado, la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, develó un informe preliminar en el que se colige que existen evidencias concretas de abusos y maltratos en contra de niños y adolescentes de los albergues.
