A dos de los más grandes puertos del país se les ha prorrogado la concesión sin que haya constancia de auditorías previas.
La renovación del contrato a Panama Ports Company (PPC), operaria de los puertos de Balboa y Cristóbal, figura como la primera concesión portuaria que se extiende tras amplias auditorías, realizadas tanto por la Autoridad Marítima de Panamá como por la Contraloría General de la República.
En dos renovaciones a concesiones portuarias realizadas con anterioridad, se desconoce la realización de auditorías previas que certifiquen el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y cláusulas del contrato. En ambos casos, la prórroga pasó casi desapercibida.
En el año 2013, en la recta final de la administración del expresidente Ricardo Martinelli, se aprobó renovar por un periodo de 20 años más, la concesión otorgada en 1993 al puerto de Manzanillo International Terminal (MIT).
Mediante la aprobación de la Adenda #3 entre el Estado y Motores Internacionales S.A., sociedad que administra y opera el puerto de MIT, se decretó una extensión del contrato hasta el 21 de diciembre de 2033.
Según el documento aprobado por el hemiciclo legislativo, la empresa MIT se comprometió a realizar una inversión adicional a la que ya tienen de 270 millones de dólares. El contrato finaliza transcurridos los 20 años pero se dejó abierta la oportunidad de renegociar nuevos términos y tarifas con vistas a la continuación del mismo.
Posteriormente, en el año 2016, bajo la gestión presidencial de Juan Carlos Varela, se aprobó la renovación del contrato con la terminal portuaria Colon Container Terminal (CCT), -subsidiaria del grupo taiwanés Evergreen-, por un periodo de 20 años más.
En aquel entonces, la empresa se comprometió a realizar inversiones adicionales para la expansión de la terminal, por una suma no menor de 90 millones de dólares.
El contrato incluyó una cláusula de responsabilidad social para el desarrollo de obras de interés social, a través del aporte de 1.8 millones de dólares por parte de CCT. El contrato está vigente hasta el 5 de enero de 2035.
De esta forma, las auditorías realizadas a PPC habrían marcado un precedente en la renovación de concesiones portuarias en Panamá.
De acuerdo con la resolución proferida por la Junta Directiva de la AMP, la compañía PPC cumplió a cabalidad con todos los términos y cláusulas acordadas con el Estado panameño, desde que se firmó el contrato original.
Conforme a la resolución, se concluyó, mediante auditoría de cumplimiento realizada por la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la AMP, que la empresa Panama Ports Company S.A., cumplió con lo pactado en el Contrato Ley No. 5 de 16 de enero de 1997.
Además, cumplió con la Adenda No. 1, aprobada mediante Ley No. 55 de 28 de diciembre de 2005, la Adenda No. 2 avalada a través de la Ley No. 25 de 7 de junio de 2010 y la Adenda No. 3, aprobada por la Ley No. 79 de 6 de noviembre de 2012.
La resolución también hace alusión a la auditoría practicada por la Contraloría, que determinó que la empresa PPC cumplió a cabalidad con el contrato suscrito con el Estado panameño, desde 1997 a la fecha.
La Contraloría determinó que las operaciones efectuadas por Panama Ports Company a la fecha se han llevado a efecto en cumplimiento sustancial de las cláusulas y 11 obligaciones básicas del contrato de concesión y sus adendas.
Basados en las proyecciones de ingresos por tarifas (movimiento de contenedores, muellaje) y dividendos del contrato en mención, se estiman ingresos al Estado, superiores a los 800 millones de balboas durante los próximos 25 años, según las nuevas negociaciones.
Actualmente, los servicios marítimos y portuarios representan uno de los mayores ingresos al fisco panameño.
De acuerdo con datos estadísticos, la AMP ha recaudado desde el año 1998 un total de 2,647 millones de dólares en ingresos relacionados a estos servicios, lo que ha redundado en el desarrollo de obras sociales para el país.