La Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala, que aglutina a varias organizaciones, indicó que Gloria Porras, exiliada actualmente en Estados Unidos, debe tomar el cargo a la brevedad posible para el período 2021-2026.
Varias organizaciones sociales exigieron ayer jueves al Congreso que proceda con la juramentación al máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, de la abogada Gloria Porras, negada inicialmente por recursos legales en abril pasado.
La Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala, que aglutina a varias organizaciones, indicó que Porras, exiliada actualmente en Estados Unidos, debe tomar el cargo a la brevedad posible para el período 2021-2026.
Por su parte, los abogados de Porras aseguraron este mismo jueves en una conferencia de prensa virtual que el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (pública y autónoma), a quien representa Porras en el Constitucional, confirmó la elección de manera definitiva.
En abril pasado, el Congreso desistió de juramentar a Porras para su tercer período en el Constitucional debido a que había un recurso legal (amparo) pendiente ante el CSU, que, según los abogados defensores de Porras, ya fue resuelto y ellos ya fueron notificados.
Las organizaciones sociales aseguraron que el Consejo Superior Universitario dio “cumplimiento a lo requerido por el amparo provisional y cumplió con el requerimiento del Congreso que suspendió (en abril) su juramentación”.
La Convergencia por los Derechos Humanos está integrada por varias organizaciones como la Unidad de Defensoras y Defensores de DD.HH. de Guatemala (Udefegua), el Centro para la Acción Legal en DD.HH. (CALDH), y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG),
La entidad agregó que “cuando el Congreso se negó a juramentar a Porras se atribuyó funciones de interpretación judicial sobre la normativa que regula a la integración de la Corte de Constitucionalidad”.
Al desvanecerse las impugnaciones legales, la Convergencia subrayó que el Congreso “puede ahora enmendar su acción y asegurar que el máximo tribunal esté debidamente integrado”.
El abogado Alejandro Rodríguez, líder de la defensa de Porras, dijo a medios locales e internacionales que las otras acciones de amparo constitucionales que también buscan evitar el nombramiento de Porras, “no impiden su juramentación mientras no exista una suspensión provisional” y ninguno ha sido resuelto.
Pero, “de no ser juramentada (Gloria Porras) nos encontraríamos a un incumplimiento de deberes y en una situación que llevaría a una acción legal” en contra del Congreso, sostuvo.
Según expertos, Porras ha sido una defensora de la lucha anticorrupción en Guatemala desde el inicio de su primera magistratura en la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, en 2011.
EN ESTADOS UNIDOS
Al enterarse del recurso legal que impidió su juramentación en abril en el Congreso, presidido por el diputado Allan Rodríguez, del partido Vamos, que llevó al presidente Alejandro Giammattei al poder en 2020, Porras partió rumbo a Estados Unidos por temor a las amenazas que habían en su contra.
En Estados Unidos, Porras se reunió en mayo con otras líderes del sector justicia guatemalteco y la vicepresidenta Kamala Harris, previo a la visita de la funcionaria estadounidense a Guatemala en junio pasado.
La designación de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad ha estado bajo la lupa de funcionarios de Estados Unidos este año y, además de acuerdo con analistas, es clave para la lucha anticorrupción en Guatemala.
De acuerdo con la ley guatemalteca, cinco entidades eligen cada una a dos magistrados, uno titular y uno suplente, para conformar la Corte de Constitucionalidad: el Organismo Ejecutivo, el Organismo Judicial, el Congreso, el Colegio de Abogados y Notarios y el CSU de la Universidad de San Carlos de Guatemala.