En el marco de la ofensiva del gobierno de Joe Biden contra la corrupción en Centroamérica, Estados Unidos dijo el martes que vetó la entrada al país al expresidente hondureño Porfirio “Pepe” Lobo debido a sus presuntos nexos con el narcotráfico.
Lobo, que gobernó Honduras entre 2010 y 2014, su esposa Rosa Elena Bonilla Ávila y su familia directa no son elegibles para ingresar a Estados Unidos “por participación en corrupción significativa”, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken.
“Sus actos corruptos socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Honduras”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense en un comunicado.
Blinken dijo que mientras estaba en el cargo, Lobo aceptó sobornos del grupo narcotraficante Los Cachiros a cambio de favores políticos, y que la exprimera dama incurrió en “actos de corrupción importantes” para su beneficio personal.
Lobo ha rechazado tajantemente esas acusaciones.
Su esposa, en tanto, fue sentenciada en septiembre de 2019 a 58 años de cárcel por malversación y fraude, pero en marzo de 2020 un tribunal hondureño anuló el fallo señalando errores en el proceso y mandó repetir su juicio.
La fiscalía la había acusado de depositar en su cuenta personal unos 500.000 dólares de fondos públicos del despacho de la primera dama, horas antes de que Lobo entregara la Presidencia.
La prohibición de visitar Estados Unidos también alcanza a los familiares directos de la exprimera pareja hondureña, que según el comunicado incluyen a su hijo, Fabio Porfirio; su hija, Ambar Naydee; y su hijo menor de edad.
Fabio Lobo fue condenado a 24 años de cárcel en 2017 en Nueva York tras declararse culpable de traficar 1,4 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
– “La van a crucificar” –
Desde Tegucigalpa, el expresidente Lobo minimizó el impedimento de visitar Estados Unidos, pero se refirió al nuevo juicio de su esposa, que se inició este martes sin la presencia de la acusada, reportada enferma.
“La van a crucificar”, declaró Lobo a periodistas. “Aquí no tiene que estar doña Rosa”, agregó, cuestionando la forma en que fue nombrado el tribunal.
El Departamento de Estado ya había incluido al expresidente Lobo y a su mujer en un grupo de funcionarios y exfuncionarios centroamericanos “corruptos y antidemocráticos”, conocido como Lista Engel y divulgado a principios de mes.
Lobo había apuntado entonces contra el actual presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, quien ha sido implicado en una corte en Nueva York de tráfico de cocaína a Estados Unidos junto a su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández, condenado en marzo a cadena perpetua por la justicia estadounidense.
“¿Qué es lo que todos sabemos? Que el mayor corrupto que hay en Honduras y que ha habido en la historia de este país se llama Juan Orlando Hernández y no está en la lista. ¿Qué legitimidad puede tener esa lista?”, dijo Lobo a Radio América.
“Que publiquen lo que quieran, yo sé que yo no he recibido dinero para favores (…) Es totalmente falso”, aseguró el 1 de julio.
Durante el juicio de Tony Hernández, la fiscalía estadounidense dijo que Lobo y el actual presidente hondureño recibieron millones del narcotráfico en sobornos y financiación electoral.
La administración Biden considera que la corrupción es un factor que impulsa la migración irregular hacia Estados Unidos, un fenómeno que se ha agudizado en los últimos meses con la llegada a la frontera sur del país de cientos de miles de centroamericanos.
“Estas designaciones reafirman el compromiso de Estados Unidos de combatir la corrupción y indiferencia por el Estado de derecho que obstaculiza el progreso en Honduras”, afirmó Blinken.