El gremio empresarial aseguró que el proyecto afecta la competitividad de Panamá en materia logística.
Este domingo 12 de septiembre de 2021, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), a través de un comunicado solicitó el retiro del Proyecto de Ley 598, que regula el cabotaje y las actividades de comercio interior en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá y se dictan otras disposiciones.
El documento se encuentra pendiente de discusión por parte de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. Según APEDE, este proyecto de ley presenta artículos restrictivos para la atracción de nuevas inversiones y garantizar la seguridad jurídica de las empresas que ya operan en el ámbito marítimo de Panamá.
“Consideramos que las limitaciones planteadas en el proyecto de ley desincentivan el establecimiento de nuevas empresas internacionales y nacionales ya que va en contra de la libre competencia, afectando la competitividad de Panamá en materia logística frente a otros puertos de la región”, apuntó en el comunicado.
Añadió que no es oportuno crear restricciones para la inversión, y menos en este periodo, en donde se deben crear herramientas y condiciones que permitan generar las inversiones locales y extranjeras necesarias para la creación de empleos. Entre esas herramientas están el acceso a financiamientos blandos que faciliten el reemplazo oportuno de embarcaciones, inversiones en nuevas tecnologías y el desarrollo de empresas que aspiren a una posición internacional en el segmento marítimo.
Panamá se ha proyectado internacionalmente como promotora y líder de iniciativas en el Sector Marítimo. Aplicar cláusulas que restringen la participación de empresas extranjeras afecta los acuerdos multinacionales, adquiridos a través de los tratados de libre comercio, suscritos y vigentes, que involucran compromisos en los distintos aspectos comerciales como los son servicios marítimos auxiliares.
El objetivo de cualquier Legislación, particularmente en estos momentos, es el de incentivar y promover la inversión de todo tipo, especialmente en el sector de las industrias marítimas auxiliares que depende de la inversión extranjera directa, que actualmente genera considerables ingresos que se convierten en una fuente importante de empleos para el país.
No podemos, desde ningún punto de vista, ser obstáculo de la inversión que se traduce actualmente en inyección de recursos al plan de reactivación productiva del país y mucho menos poner en riesgo la seguridad jurídica que debe prevalecer en un Estado de Derecho.