El resto de los diez puntos del pliego de demandas del movimiento indígena se tratará en mesas de trabajo como la condonación de deudas de hasta 10.000 dólares, el control de precios de productos de primera necesidad y la no privatización de empresas estatales.
El Gobierno de Ecuador y el movimiento indígena acordaron este jueves poner fin a las protestas por la carestía de la vida, que se desarrollaban desde hace 18 días y que han dejado 6 fallecidos, entre ellos un militar, y unos 500 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Las organizaciones indígenas y campesinas que lideraban las protestas acordaron levantar las movilizaciones después de que el Gobierno se comprometió a derogar el estado de excepción, bajar en 15 centavos el precio de los combustibles subsidiados y no dar más concesiones mineras en reservas naturales, zonas intangibles, áreas de recarga hídrica y territorios indígenas.
Los acuerdos fueron anunciados en un acto en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), que ejerció de mediadora entre ambas partes para reanudar un diálogo que había comenzado el lunes, pero que el Gobierno rompió el martes tras la muerte de un militar en un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
A partir de este compromiso, las gasolinas de 85 octanos pasarán a costar 2,40 dólares por galón (3,78 litros) y el diésel 1,75 dólares, pese a que la demanda del movimiento indígena era de que se redujeran a 2,10 y 1,50 dólares, respectivamente, precios similares a los de hace un año.
El acuerdo final supone una rebaja adicional de 5 centavos de dólar por galón a la reducción de 10 centavos ya anunciada por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, el pasado domingo por la noche.
Antes de este compromiso, el Gobierno ya había concedido parcialmente otras demandas del movimiento indígena, como la derogatoria del decreto 95, que promovía la actividad petrolera de la Amazonía.
También había aprobado condonar a familias campesinas deudas vencidas de hasta 3.000 dólares, reducir los intereses de los créditos vigentes, subsidiar hasta en un 50 % el costo de la urea, aumentar de 50 a 55 dólares un bono para familias en vulnerabilidad, duplicar el presupuesto de la educación intercultural y declarar en emergencia el sistema de salud.
El resto de los diez puntos del pliego de demandas del movimiento indígena se tratará en mesas de trabajo como la condonación de deudas de hasta 10.000 dólares, el control de precios de productos de primera necesidad y la no privatización de empresas estatales.
A cambio del cese de las protestas, el Gobierno se comprometió a derogar el nuevo estado de excepción decretado el miércoles en cuatro provincias del país donde se concentraban varios episodios de violencia y desabastecimiento de productos de primera necesidad como combustible y oxígeno medicinal.
En la suscripción del acta de este acuerdo participó, por parte del Ejecutivo, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien ha sido el interlocutor de la Administración de Lasso ante los convocantes a las protestas.
Del otro lado estuvo el principal líder de las protestas, Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), con quien Lasso había dicho el martes que el Gobierno ecuatoriano no volvería a dialogar por considerarlo un “oportunista” que no representaba los intereses de los pueblos indígenas.
También estuvieron los presidentes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Gary Espinoza, y del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), Eustaquio Toala.