El Salvador se encuentra desde finales de marzo pasado bajo régimen de excepción, tras una ola de asesinatos, la más alta en el mandato de Nayib Bukele. El Congreso autorizó la entrega de recompensas por denuncias que lleven a detención de supuestos pandilleros.
La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), del Ministerio de Seguridad de El Salvador, se negó a revelar la cifra total de recompensas entregadas a la ciudadanía por denunciar telefónicamente a pandilleros para su detención, en el marco del régimen de excepción, y puso los datos bajo secreto durante 4 años.
El Salvador se encuentra desde finales de marzo pasado bajo régimen de excepción tras una ola de asesinatos, la más alta en el mandato de Nayib Bukele, y el Congreso autorizó la entrega de recompensas por las denuncias que lleven a la detención de supuestos pandilleros.
LOS 30 MILLONES BAJO SECRETO
Son 30 millones de dólares de recursos estatales los que los diputados autorizaron para la entrega de estas recompensas y que, tras declarar la reserva, la ciudadanía no podrá conocer su manejo.
Efe solicitó a la UAIP de dicho ministerio el detalle del monto total de dinero entregado a ciudadanos, que han denunciado la presencia de pandillas a un número telefónico habilitado por el Gobierno.
“La liberación de la información que los ciudadanos suministren corre el riesgo de alertas a los miembros de grupos terroristas y modificar su conducta para evitar su captura, incidiendo en la efectividad de los procedimientos de investigación que las instituciones de seguridad implementen” (sic), respondió la entidad al requerimiento.
Indicó que la información “se encuentra reservada” conforme a los literales “b” y “d” del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Estos señalan que se pondrá bajo reserva la información que “perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública” y la que “ponga en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”.
Sin embargo, en la solicitud presentada mediante el proceso establecido en la LAIP no se pidieron datos específicos de los denunciantes o de las estrategias de seguridad, sino de los fondos públicos usados, además de la cantidad de denuncias y detenciones.
Sobre estos últimos dos datos, se declaró “incompetente” para responder a la solicitud.
Otros detalles solicitados fueron el tipo de delitos atribuidos a los detenidos, además del número de detenciones realizadas por municipio, departamento y mes. También el sexo y edad de las personas privadas de libertad.
La UAIP de la cartera de Seguridad añadió en la resolución, emitida el 4 de julio y entregada el día 5 de este mismo mes, que en “toda información generada, obtenida, adquirida o transformada en el cumplimiento” de la ley de recompensa y de la central de llamadas 123 se da preponderancia a su “reserva”.
También afirmó que dicha “clasificación expresa” está consignada en las Normas para la Aplicación de la Ley de Recompensa y Eliminación de Actos de Terrorismo.
El artículo 5 de esta norma, elaborada por el Ministerio de Seguridad, se refiere a que el “registro de informantes” estará sometido a “estricta reserva y confidencialidad, con el fin de proteger la integridad” de los denunciantes, “asegurar la investigación y la captura o aprehensión” de pandilleros.
El 30 de marzo pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Recompensa y Eliminación de Actos de Terrorismo, que establece la creación de un fondo de recompensas.
Para dicho fondo, los diputados aprobaron una asignación de 30 millones de dólares para “otorgar recompensa a todas aquellas personas que brinden información que culmine en la captura de los miembros de grupos terroristas o que los aprehendan materialmente”, según establece la ley.
LLAMADAS ANÓNIMAS Y DETENCIONES ARBITRARIAS
A mediados de mayo, el Gobierno salvadoreño habilitó la central de llamadas 123 para recibir denuncias anónimas sobre la presencia de pandilleros y que se procediera a su detención.
Organizaciones humanitarias han advertido que este tipo de denuncia se podría prestar para detenciones arbitrarias.
Efe conoció el caso de los hermanos Juan Alberto y José Isaías Orellana, quienes fueron detenidos a inicios de junio tras una llamada anónima a las autoridades y cuya inocencia defienden sus familiares.
Los agentes que detuvieron a los hermanos les aseguraron que estaban detenidos, pero que recibieron una “llamada anónima” que había que “investigar”, según relató a Efe su madre, Mayra Orellana.
La organización Cristosal apuntó en un informe que ha recibido denuncias de “detenciones basadas en presuntos señalamientos anónimos, las cuales carecen evidentemente de legalidad y abren la puerta a procedimientos policiales totalmente arbitrarios”.
Son más de 44.000 las detenciones que las autoridades reportan en redes sociales, sin dar mayores detalles.
MÁS INFORMACIÓN NEGADA
Esta no es la primera vez que una instancia estatal que no entrega información estadística relacionada con el régimen de excepción.
Efe intentó conocer la cifra oficial de personas detenidas y fallecidas bajo custodia estatal, pero el Ministerio de Salud y el Instituto de Medicina Legal (forense) aseguraron que no llevan registro y la Fiscalía respondió que no estaba generando informes por la actualización de sus sistemas.
Las denuncias de violaciones a derechos humanos en este lapso superan las 3.000 y son más de 50 personas, según registros de organizaciones humanitarias y de medios locales, las que han fallecido bajo custodia estatal.