Un colectivo de mujeres víctimas del conflicto armado propuso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia que los culpables de violencia sexual sean privados de la libertad, pidan perdón públicamente y que desarrollen labores sociales.
Así lo expresó la Ruta Pacífica de las Mujeres al entregar a la JEP el documento titulado “Aportes a la JEP frente a justicia restaurativa, enfoque de derechos de las mujeres y sanciones a graves violaciones a derechos humanos de las mujeres”.
“Para este delito (violencia sexual), la Ruta Pacífica de las Mujeres propone, por ejemplo, la privación efectiva de la libertad y que los responsables estén obligados a construir centros comunitarios para atención de la población victimizada, pedir perdón de forma pública, construir colegios, vías y viviendas, entre otras obras sociales”, explicó este viernes la JEP en un comunicado.
El documento, que fue recibido por la coordinadora de la Comisión de Género de la JEP, magistrada Reinere Jaramillo, tuvo el aporte de mujeres de los departamentos de Cauca, Chocó, Putumayo, Bolívar, Nariño, Santander, Risaralda, Antioquia y Valle del Cauca.
Allí se hacen sugerencias sobre las sanciones propias que debe aplicar la JEP a quienes hayan cometido crímenes basados en género, como la violencia sexual.
Las víctimas también aportan su visión de los tipos de trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador (Toar) que deben presentar quienes sean responsables de estos graves delitos.
Las mujeres proponen en materia de Toar la construcción de emisoras comunitarias en las cuales se divulguen asuntos relacionados con la paz, apoyar el acompañamiento psicosocial de las víctimas o la construcción de centros de memoria histórica territoriales, entre otras.
La sigla Toar se refiere a los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador que deben realizar algunos comparecientes ante la JEP que acepten responsabilidad y aporten verdad.
El documento también resalta la importancia de la aplicación de los enfoques de género para evitar la revictimización y superar las dificultades que han tenido que enfrentar estas víctimas en la justicia ordinaria.
La coordinadora nacional de la Ruta aseguró que “la justicia restaurativa significa un avance sobre todo si lleva a la no repetición”.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado en el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y las FARC.
Ese alto tribunal tiene la función de administrar justicia transicional ad hoc sobre los delitos cometidos en el conflicto armado cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. Hasta el momento ese alto tribunal no ha impuesto ninguna condena en los casos que estudia.