La AIG, MEF y Senacyt presentaron el relativo anteproyecto de ley, en actividad realizada en la Universidad Tecnológica de Panamá y posteriormente será expuesto ante el Consejo de Gabinete.
El anteproyecto de ley “que promueve la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, así como la digitalización en procesos gubernamentales, y dicta otras disposiciones”, fue presentado ayer por el administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Ricardo Oliva.
La iniciativa fue dada a conocer en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), durante la conferencia doctoral “El Rol de la Digitalización y la Inversión en I+D+I en el Fortalecimiento del Estado de Derecho”, con las ponencias de Luis Oliva, en representación de AIG, y Pedro Nevado Batalla, director del Centro de Investigación para la Gobernanza de la Universidad de Salamanca.
“Lo que estamos buscando, a través de la investigación, el desarrollo y la modernización del Estado, es lograr equidad, reducir la desigualdad y, sobre todo, mejorar el Estado de derecho”, indicó Oliva, quien informó que en los próximos días presentará el anteproyecto de ley ante el Consejo de Gabinete.
El anteproyecto de ley tiene como objeto promover la investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+I), la transformación digital y la digitalización de los procesos gubernamentales, encaminados a aumentar las capacidades en el sector público y privado, desarrollar nuevos modelos tecnológicos, métodos y soluciones que aumenten la agilidad, transparencia y disminuyan la burocracia gubernamental, con el aseguramiento de que se tengan los recursos necesarios para estos fines.
“Como gobierno central, AIG, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) hemos estado trabajando en este anteproyecto presentado hoy ante la comunidad científica y estudiantil”, señaló Oliva.
Agregó que la iniciativa permitirá que la inversión en investigación y desarrollo en Panamá se triplique. “Vamos a pasar de $100 millones a $300 millones sin tener que aumentar el presupuesto”, indicó.
La iniciativa es aplicable al gobierno central, a las autoridades autónomas, semiautónomas, municipales, a la Asamblea Nacional, al Órgano Judicial, a los intermediarios financieros y a las sociedades en que el Estado sea propietario del 51% o más de sus acciones o patrimonio.
El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá la obligación de asignar un presupuesto anual que no será menor al 2% del Producto Interno Bruto que este maneje, destinado en su totalidad a Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) y transformación digital del Estado. Los recursos asignados serán depositados en el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Senacyt, la que, además, será la entidad encargada de llevar a cabo las convocatorias correspondientes y seguimiento a los proyectos.
La AIG será la entidad encargada de llevar a cabo la Agenda Digital Nacional, según lo establecido en la Ley 144 de 2020, así como aprobar las Agendas Digitales de las instituciones donde el Estado esté dentro del ámbito de aplicación de esta ley.
En la presentación de la conferencia doctoral, el administrador de AIG se refirió al Impacto de la Inversión en I+D en las Políticas Públicas. “Lo que estamos haciendo son políticas de Estado que tienen que perdurar en el tiempo”, expresó.
Pedro Nevado Batalla, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca, en su disertación sobre “Sostenibilidad Tecnológica en la Administración Pública”, resaltó el esfuerzo y los buenos resultados que está reflejando Panamá por las buenas decisiones que el gobierno adopta en materia de tecnología y mencionó como ejemplo, el poder acceder datos públicamente, en este caso desde la Plaza de la Catedral en el Casco Antiguo.
“La administración electrónica del gobierno de Panamá está al nivel e incluso superior que países de Europa”, sostuvo el catedrático español.
Participaron en este importante evento, representantes del Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial y la comunidad científica universitaria.