El hecho de que el CICR haya identificado estos siete conflictos “no les da ningún estatus específico”, es decir, que este organismo humanitario no los tilda de ninguna clasificación política, como si hace el Gobierno, ni “impide tampoco que el Gobierno negocie con quien quiera”, justificó Caraffi.
La situación humanitaria en Colombia sigue deteriorándose y el número de conflictos pasó de seis a siete en 2022, según la clasificación revelada este miércoles por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que muestra la multiplicación y fortalecimiento de grupos armados.
“Desafortunadamente en 2022 continuó el deterioro de la situación humanitaria en el país (…) que hemos notado desde 2018”, aseguró en una rueda de prensa el jefe de la delegación del CICR en Colombia, Lorenzo Caraffi, quien matizó que “la situación no es la de hace 20 años”.
En 2022 se mantuvieron los seis conflictos ya existentes en 2021, pero se añadió uno nuevo: el librado entre el principal grupo de disidencias de las FARC (autodenominado Estado Mayor Central de las FARC) y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), sobre todo en el departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela y bastión de este último grupo.
Por lo demás, el Estado colombiano continuó enfrentado con tres grupos armados: el ELN, las disidencias de las FARC (el Estado Mayor Central) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también llamadas Clan del Golfo.
También se notificó un conflicto entre el ELN y las AGC, mientras que el Estado Mayor Central de las FARC, dirigido por alias “Iván Mordisco”, se enfrentó a otra disidencia, la Segunda Marquetalia, liderada por “Iván Márquez”, y a los Comandos de la Frontera, teóricamente aliados de esta última, pero que el CICR cree que no necesariamente responden a sus mandos.
Se trata de un “contexto particularmente complejo” provocado por “la reconfiguración de actores armados” y la “lucha territorial”, donde “la población civil se encuentra en una situación particularmente difícil porque está en medio de esta lucha”, según el organismo.
LA PAZ TOTAL
El hecho de que el CICR haya identificado estos siete conflictos “no les da ningún estatus específico”, es decir, que este organismo humanitario no los tilda de ninguna clasificación política, como si hace el Gobierno, ni “impide tampoco que el Gobierno negocie con quien quiera”, justificó Caraffi.
En ese sentido, el CICR ve con buenos ojos las intenciones de negociar y espera “que pueda dar frutos”, y ofrece sus “buenos servicios como actor neutral” en lo que se pueda ayudar desde un punto de visto humanitario.
El Gobierno colombiano comenzó conversaciones con los grupos protagonistas de estos enfrentamientos en diferente medida. Con el ELN negocia formalmente mientras que con las disidencias va a empezar un diálogo y con el Clan del Golfo acaba de suspender un cese al fuego bilateral.
El CICR admite que ha habido “un cierto alivio” en el sentido de que ha disminuido el número de enfrentamientos entre el Estado y los grupos armados, pero no ha observado “una disminución sustancial de las luchas por el control territorial”, por lo que las comunidades siguen afectadas por el conflicto.
“Esperamos que las negociaciones puedan reducir y aliviar” estos enfrentamientos, dijo Caraffi, quien aseguró que en todo caso el cese al fuego vigente con las tres disidencias de las FARC -Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y Comandos de la Frontera- es “una decisión de carácter político” y que el CICR seguirá trabajando para aliviar a las comunidades esté vigente esta medida o no.
REPERCUSIONES HUMANITARIAS
En el informe de Retos Humanitarios 2023 presentado este miércoles, el CICR también da cifras sobre lo acaecido el año pasado, en el que destacan víctimas de artefactos explosivos, desplazamientos, confinamientos, desaparecidos y agresiones a la salud, entre otros.
Así, en 2022 hubo 515 víctimas de artefactos explosivos (minas antipersonales, artefactos lanzados o de detonación controlada), de las cuales 56 fallecieron. De este total, la mayoría (278) fueron civiles, 224 miembros de la fuerza pública y 13 integrantes de grupos armados.
Además, “39.404 personas estuvieron confinadas en ocho departamentos por el recrudecimiento de las acciones armadas y la presencia de artefactos explosivos”, sobre todo en Chocó, Nariño y Valle del Cauca.
Y los desplazamientos aumentaron un 10 % respecto a 2021, ya que 58.010 personas fueron desplazadas masivamente, tres cuartos de ellos en esos tres departamentos.
“Una cifra particularmente impresionante es el aumento del número de desplazados individuales”, explicó Caraffi, ya que hubo 123.220 personas hasta el 1 de diciembre de 2022, mientras que hasta la misma fecha de 2021 fueron 77.000, es decir, un aumento de más del 60%.
Cuando una comunidad se desplaza lo hace por una situación específica, como un enfrentamiento, y cuando se acaba pueden volver, pero cuando el desplazamiento es individual “es algo específico contra una persona”, por lo que las posibilidades de regreso son más remotas y aumenta el desarraigo, explicó.
El CICR registró además 209 casos de desaparición en 2022, de los cuales 43 fueron menores de edad. Es un descenso frente a 2021, cuando hubo 243, enmarcadas en parte en las protestas nacionales de ese año.
También hubo una disminución de las agresiones contra misiones médicas, enmarcadas igualmente en el paro nacional de 2021, y en 2022 se produjeron 426, la mayoría sin relación con el conflicto armado.