Según el proponente, la violencia va en escalada en el país.
Un anteproyecto de ley por medio del cual se busca eliminar los acuerdos de pena en los casos de abuso sexual infantil, violencia contra la mujer y homicidios así como incrementar la condena por estos delitos, fue presentado, este lunes, ante la Oficina de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional por el precandidato por la libre postulación a la presidencia de la República, Francisco “Paco” Carreira.
Tras entregar esta iniciativa Carreira, abogado y presidente del Movimiento Unidad, señaló que la violencia en el país está ganando terreno y puso como ejemplo que únicamente en enero de 2023 se contabilizó 68% más homicidios que en enero de 2022.
En el anteproyecto presentado por el jurista, que modificaría artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal, se plantea incrementar las penas en los siguientes delitos: actos lascivos con menores de edad ( de 2-4 años a 20 años), homicidios ( de 10- 20 años a 30 años), violación a menores de edad ( de 4-6 años a 25 años), violación de mujeres ( de 5-10 años a 20 años), violencia contra la mujer ( de 12-15 años a 15 años) y homicidio a policía 30 años.
Carreira destacó que la Policía ve mermado sus esfuerzos en capturar a los agresores, porque las condenas por estos delitos son muy bajas y los acuerdos, que, si bien benefician el ámbito administrativo perjudican el derecho ciudadano a la vida, protección y a obtener justicia como víctima con castigos ejemplares.
“Una medida extraordinaria sería la suspensión de acuerdos de penas en cualquier delito de esta naturaleza”, subrayó el catedrático.
A la vez planteó también la necesidad de que las autoridades hagan público el listado de agresores sexuales condenados de los últimos 20 años, en el que se identifique: nombre, apellido, cédula de identidad, corregimiento de residencia, delito, tiempo en prisión y fecha de libertad y con la responsabilidad del Ministerio Público (MP) de actualizar estos datos cada mes.
De igual manera, sugirió al Estado panameño establecer una política carcelaria, para que el trabajo en actividades referente al beneficio público sea realizado por los reos y que pueda pagarse un monto parcial a la actividad ejecutada, que cubra en el penal el sustento del privado de libertad y entregue un porcentaje (25%) del total devengado a la víctima o familia de la víctima de su delito.
