El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, recomendó al presidente Lasso “expedir un decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano”.
El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), el máximo organismo asesor en la materia de Ecuador, recomendó el uso de armas letales para combatir la oleada de delitos y crímenes en el país, atribuidos a bandas de delincuentes a las que calificó de “terroristas”.
Esta es una de las principales resoluciones del Cosepe que se reunió ayer jueves en el Palacio presidencial de Carondelet, en el centro histórico de Quito, encabezado por el jefe del Estado, el conservador Guillermo Lasso.
El secretario de Seguridad, Wagner Bravo, leyó un documento en el que constan las resoluciones del Cosepe, organismo integrado por los titulares de las funciones del Estado y del alto mando militar y policial.
En ese escrito, el Consejo recomendó al presidente Lasso “expedir un decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano”.
Asimismo, declaró al terrorismo “como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y, por consiguiente, a su seguridad integral, como está concebido en la normativa internacional y la legislación ecuatoriana”.
También resolvió “declarar que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 de la Constitución de la República”.
Finalmente el organismo, cuyas deliberaciones son secretas por ser consideradas de seguridad nacional, ha decidido “levantar la reserva sobre esta resolución” para que la población conozca los pormenores del debate mantenido en torno al combate a la delincuencia.
La reunión del Cosepe, que debía tener lugar hace un par de semanas, había sido aplazada por pedido del presidente Lasso, por asuntos de su salud.
Las decisiones del organismo se dieron en un contexto en el que el país afronta una arremetida de la delincuencia que, según las autoridades, obedece a una acción de bandas criminales que intentan generar el caos y controlar territorios.
Hasta ahora, esas bandas eran identificadas como Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) y se habían detectado el accionar de varios como “Los Tiguerones”, “Choneros” y “Los Lobos”, entre otros, que también han sido vinculados con las frecuentes masacres que se han registrado en las cárceles del país.
La oleada de violencia ha desatado una profunda preocupación de la población que desde hace dos años ha visto proliferar noticias de asesinatos que a diario resuenan en los medios de comunicación y que, según analistas, parece haber rebasado el control de las fuerzas del orden.
La decisión del Cosepe, además, se dio en un momento en que la Asamblea Nacional (Parlamento) tramita un juicio político de censura contra el presidente Lasso, acusado por la oposición de un supuesto delito de peculado (malversación) en una empresa pública, pero al que también achacan las crisis de seguridad, económica y social que sufre la nación.