A inicios de 2001, estaba en la secretaría de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá buscando mi cheque quincenal, cuando la secretaria me dijo: “Profesor, no tiene cheque. Aquí dice que está retenido por un secuestro que le interpusieron”.
Nunca me imaginé que el precio de una de mis denuncias ciudadanas –por esas en las que no recibo nada más que la satisfacción del deber ciudadano cumplido- me traerían esas consecuencias.
Averigüé y, en efecto, producto de mis denuncias por el cobro de cuotas a funcionarios para Cambio Democrático (CD) dentro el IDAAN, Ricardo Martinelli, presidente de ese partido, me demandó y secuestró mi salario de profesor, a través de su abogada Alma Cortés, me imagino que para amedrentarme. Mis propiedades, un apartamento y una casa de campo en El Valle de Antón, habían sido traspasadas a mi esposa, por lo que afortunadamente no corrieron la misma suerte.
A inicios de la administración de Mireya Moscoso, le tocó a CD –en la repartición del pastel- el IDAAN. Nombraron allí al tableño Carlos Sánchez Frías. Me enteré, a través de una abogada que allí laboraba, que era una práctica en esa entidad cobrar cuotas a los funcionarios para CD, hecho expresamente prohibido por las leyes panameñas y que ya tenía sus antecedentes en uno de los gobiernos de Arnulfo Arias.
Averigüe y, junto a mi socio Víctor Martínez, preparamos una denuncia por delito electoral. El Fiscal Electoral era Gerardo Solís quien dijo, como le correspondía, estar dispuesto a verificar los hechos de la denuncia. El 27 de septiembre del 2000, con su equipo de asistentes, Solís se apersonó al IDAAN, cayéndoles de sorpresa. Empezó la pesquisa. Martínez y yo nos quedamos en el auto esperando en los estacionamientos en Vía Brasil.
Dos horas después, al salir Solís de esas instalaciones, nos comunicó que nuestra denuncia fue comprobada. Comenzaron una serie de noticias que implicaban a dirigentes del CD, incluyendo a su presidente Martinelli. Fue un gran escándalo. Éste, en su típica reacción, emprendió una guerra judicial en mi contra –ignoró a mi socio Martínez- con los varios abogados que laboraban con él.
El Fiscal Electoral determinó que el recaudador de las ilegales cuotas era Ramón Martinelli, sobrino de Ricardo, tesorero de CD y diputado del Parlacen, funcionario del IDAAN, lo cual era prohibido en su condición de diputado. Sánchez Frías, al revisar las solicitudes de empleo, verificaba si el aspirante estaba inscrito en CD, sin lo cual no podía dar el visto bueno.
De acuerdo a tabla de cuotas autorizada por la directiva de CD, firmada por Ricardo Martinelli y el secretario general del CD, en copia que Solís encontró en sus investigaciones, Ramón Martinelli las recogía quincenalmente y las depositaba en cuenta en el Banco Nacional, abierta ilícitamente porque se comprobó que no llenó los requisitos exigidos en la apertura de cuentas bancarias.
Tanto Ramón, por su inmunidad como diputado, y Ricardo Martinelli, no sé por qué, nunca fueron encausados, a pesar de su estrecha vinculación con los ilícitos descubiertos. El Tribunal Electoral condenó en 2005 a seis funcionarios a penas de seis a ocho meses de prisión, que quizás fueron obviadas mediante el pago de días multas.
Posteriormente, demorándose los procesos en mi contra, en los que me defendí decididamente frente a la jauría de abogados que tenía mi poderoso contrincante, algún amigo le habrá recomendado a Martinelli que buscará arreglarse conmigo si de verdad deseaba aspirar a la presidencia de la República, con aquello de que en política no había enemigos pequeños. Arreglamos, mediante la intercesión de amigos mutuos y, mediante una indemnización, todos los procesos fueron desestimados.
Vino el proceso electoral de 2009 y Martinelli aspiró a presidente por segunda vez. Su lema frente al PRD fue acabar con la corrupción, con aquello de que “entran limpios y salen millonarios”. Cuando decidí apoyarlo frente a Balbina Herrera, respaldada por los demócratas cristianos, aceptó públicamente que mis denuncias sobre las cuotas ilegales en el IDAAN habían hechos corregir rumbos errados dentro de su partido.
Lo demás es historia que todos conocen y que han seguido rememorando a través de los diversos procesos enfrentados por él, su familia y sus copartidarios. Libre de todo señalamiento, terminé el 18 de enero de 2013 mi gestión como embajador de Panamá en la OEA, destituido por defender mis principios democráticos. De eso, jamás me arrepentiré.