Abre la puerta a una aplicación del estilo Bukele, violación de los derechos humanos, del debido proceso o de presunción de inocencia
El asesinato de dos taxistas, un conductor de autobús y un empleado de una estación de servicio en tan solo una semana paralizó la ciudad argentina de Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde se organizaron huelgas de transporte público y taxistas, informaron medios de prensa internacional.
Ante esta ola de violencia, que se atribuye a bandas dedicadas al narcotráfico, el ultraderechista Javier Milei dispuso el despliegue de 120 militares y equipos del Ejército, Armada y la Fuerza Aérea en dicha ciudad.
Los últimos cuatro crímenes habrían sido una venganza por las imágenes de una prisión que difundió el gobernador de Santa Fe, Máximo Pullaro, a principios de marzo, al mismo estilo de las imágenes compartidas por el régimen de Nayib Bukele en El Salvador.
Uno de los principales factores que hace a Rosario atractiva para el narcotráfico es que cuenta con uno de los principales puertos del país a orillas del río Paraná. Sin embargo, según Fernanda Page, de la Red de Politólogas, existen también otros factores relacionados con el rol del Estado, el cual ha fracasado con sus políticas en Rosario.
“Esta situación lleva muchos años. Hay un problema grande en la Policía de Rosario, que tiene lazos con quienes están cometiendo los delitos. Es decir, hay participación policial directa en las estructuras de los narcos”, aseguran expertos.
En la actualidad, según datos del propio gobierno de Santa Fe, Rosario tiene la tasa de homicidios más alta de toda Argentina. Mientras la cifra en todo el país es de 4,3 por cada 100,000 habitantes, en Rosario es cinco veces mayor: unos 22,1 por 100,000 habitantes.
El despliegue de efectivos y equipos militares anunciado por el ministro de Defensa de Argentina, Luis Petri, contempla cinco helicópteros de la Fuerza Aérea para vigilar el territorio, que colaborarán con los aviones Hércules en el traslado de tropas, armamento y herramientas logísticas.
Por su parte, la Armada cooperará con un buque multipropósito y diversas lanchas tipo Guardián para asistir a la Prefectura en el patrullaje del río Paraná. A su vez, el Ejército puso a disposición 20 camionetas de Gendarmería.
Pero esta ayuda no significará ver a militares armados custodiando las calles de Rosario, porque, constitucionalmente, las fuerzas armadas en Argentina no pueden ayudar en tareas de seguridad interna.
A pesar de ello, distintas organizaciones han mostrado su preocupación por las consecuencias que puede tener un apoyo militar para combatir las bandas. “La preocupación es coherente si se abre la puerta a una aplicación del estilo Bukele, en el que existe una violación de los derechos humanos, del debido proceso o de presunción de inocencia”, advierten juristas.