Denuncian la pérdida de agua potable en los lagos y para consumo humano y la inoperancia de las tinas que deben evitar la salinización del Canal
Una querella por los supuestos delitos contra el ambiente, abuso de autoridad e infracción de deberes de los servidores públicos, presentó el abogado Donaldo Sousa, contra directivos actuales y anteriores de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Entre los denunciados están los exadministradores del Canal, Alberto Alemán Zubieta, Jorge Luis Quijano y el actual, Ricaurte Vásquez, detalla el documento presentado este martes en la Procuraduría General de la Nación.
Según el abogado, la presente querella, se fundamenta en toda una serie de actos, cometidos contra el agua de los lagos Miraflores, Gatún y Alajuela y otros en toda la cuenca anterior y actual del Canal.
Además, Sousa se refiere a otros hechos como el paso de naves con carga radioactiva por la vía interoceánica, que asegura ponen en peligro la vida de la mitad de la población.
En su demanda, el jurista adjuntó como prueba, una investigación realizada por Ariel Rodríguez y otros científicos, que detalla los impactos negativos causados por la salinización del agua de los lagos Gatún y Miraflores, así como Alajuela.
Entre ellos, menciona la pérdida de agua potable para la vida de esos lagos y la calidad del vital líquido para consumo humano. También asegura que las tinas de recuperación, que deben evitar la salinización del agua de los lagos citados, nunca han funcionado.
Sousa manifiesta que desde que el Canal pasó a manos panameñas en 1999, se ha otorgado más de 160 compatibilidades a todo tipo de proyectos en la cuenca del Canal, “impactando el agua violentamente, cosa que no sucedía anteriormente”.
“En gran parte de ellas -señaló Sousa-, han causado y siguen causando daños y peligros, al ambiente y la vida de la nación y sus ciudadanos, en particular al agua y la biodiversidad, porque ha cambiado la finalidad del área, que ahora es para desarrollar negocios, sin importar la vida y el ambiente”.
Enumera el proyecto de estacionamiento de la Corte Suprema, en el Cerro Ancón, las canteras de la empresa CEMEX en el alto Chagres y la ampliación de la Vía Omar Torrijos.
También Cárdenas Center, un área que asegura es inundable, lo que “está prohibido por las normas establecidas en la Ley 21 de las áreas revertidas y sus anexos”.
Dijo que otro ejemplo del daño ambiental y a la vida de los panameños por muchos años, lo ha causado la Central Termoeléctrica de Miraflores, que tiene más de ocho motores que utilizan bunker, cuyas externalidades son altamente cancerígenas.
“Todos los directivos de la ACP querellados, han cometido el delito arriba citado, porque no estaban autorizados a otorgar compatibilidades a proyectos, que impacten el agua, en áreas protegidas o que violen las normas panameñas”, añadió.