La Constitución prohíbe que los tribunales intervengan en política, pues las elecciones se ganan en las urnas no en la CSJ
“La actuación del Tribunal Electoral que permite la candidatura del licenciado Mulino a la Presidencia se ajusta a la Constitución y al Código Electoral. Desconocerla carecería de fundamento constitucional y tendría consecuencias muy negativas para la democracia”, dijo el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Arturo Hoyos.
En un artículo de opinión publicado este martes en La Estrella, Hoyos señaló que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por primera vez en décadas, ha sido acusada como carente de legitimidad por haber intervenido arbitrariamente en el proceso electoral inhabilitando a un candidato mediante sentencia penal.
Luego, admite una demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura presidencial de quien le sustituyó, en este caso José Raúl Mulino.
Hoyos, quien fue tres veces presidente de la CSJ, pidió evitar que se vuelva a repetir un hecho ocurrido en 1968 cuando el máximo tribunal de justicia favoreció un amparo contra la decisión legítima de la Asamblea Nacional de juzgar a un presidente.
“Esa sentencia del 3 de abril de 1968 marcó el inicio de un proceso que socavó severamente no solo la legitimidad de la Corte Suprema, sino de la democracia”, manifestó.
Hoyos explicó que aquel 3 de abril, la CSJ decidió, a escasas semanas de las elecciones, que el proceso seguido en la Asamblea Nacional al presidente Marco A. Robles por financiamiento ilegal de la campaña del candidato oficialista, estaba viciado por no observar el debido proceso, al no designar un abogado de oficio e impedir el acceso al expediente del imputado.
Según Hoyos, la CSJ perdió su legitimidad y, junto a hechos posteriores, se sentaron las bases del golpe de Estado de 1968.
En ese sentido, aseguró que debe evitarse que el precedente jurídico-político de 1968 genere el mismo resultado o un deslizamiento como un autoritarismo, al estilo Venezuela, con elecciones no libres ni competitivas, en las que el gobierno inhabilita al principal candidato opositor.
Recordó que cuando asumió por primera vez el cargo de presidente de la CSJ, en enero de 1994, señaló lo siguiente: “En el proceso electoral que se avecina, la Corte no intervendrá en política como lo prohíbe la Constitución”. Añadió: “Las elecciones se ganan en las urnas no en la Corte Suprema”.
“Sea cual fuere la decisión sobre la candidatura del licenciado Mulino-ya la incertidumbre, desorientación y zozobra ante las elecciones es severa y nociva-, me temo que una gran parte del daño a la suprema institución judicial ya está hecho”, dijo.
A su juicio, da la impresión de que las actuaciones de la CSJ, en los últimos seis meses, van a ser un factor serio en la deriva hacia un país más pobre, con menos oportunidades, con gran inestabilidad política y una legitimidad degradada de la democracia.
De acuerdo a Hoyos, una sentencia de la CSJ es legítima si se enmarca en la estricta legalidad y en la legitimidad sociopolítica.
Opinó que la legitimidad de las autoridades en una democracia es producto del resultado de elecciones populares libres y competitivas, sin interferencia judicial.