Una abogada del expresidente Martinelli le propuso al Magistrado fiscal Harry Diaz viajar a Miami para reunirse con el acusado y solo seis víctimas de un total de 150 querellantes en el caso “Pinchazos”
Mientras la población Panameña vivía sus horas enfocada en la suerte de la Selección Mayor de Fútbol y su clasificación a la Copa Mundial, en la Corte Suprema se precipitó una serie de hechos que buscaban dar un giro en el expediente conocido como el Caso Pinchazos. El lunes 9 de octubre, la víspera del histórico partido, la abogada Alma Cortés, en representación de Ricardo Martinelli, dejó una nota en la Corte Suprema en la que le proponía al magistrado Fiscal, Harry Díaz, que en una semana viajara a los Estados Unidos, para reunirse con el expresidente que estaba dispuesto a alcanzar un acuerdo judicial en la causa por espionaje que lo mantiene detenido en Miami a la espera de una decisión que lo extradite a Panamá.
Tan solo horas después de entregada la carta, entre el 10 y el 11 de octubre, se dio un primer contacto en Panamá, entre los abogados del expresidente, el magistrado fiscal y seis querellantes, de un total de 150 personas que han certificado haber sido víctimas de espionaje. Según la carta de Cortés, Diaz ya estaba en conocimiento de que solo estos seis querellantes exploran la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
Esa misma jornada el resto del país no durmió celebrando la clasificación del equipo de fútbol al torneo mundial de la FIFA. No obstante en el discreto encuentro no se logró el acuerdo base para que el viaje a Estados Unidos del Magistrado Fiscal 4 días después se hiciera efectivo.
Después de ahí se desató la lluvia de versiones y evasivas hasta que el miércoles 25 de octubre se conoció la existencia de la carta de Cortés dirigida a Harry Díaz. “De lo que se trataba era de explorar la posibilidad de alcanzar acuerdos sobre los términos de su retorno a Panamá”, dijo a la AFP Luis Eduardo Camacho, vocero del exmandatario. Intentando negar lo obvio y explícito de la nota de Cortés.
Harry Díaz, es el fiscal del caso dada su condición de magistrado del pleno de la Corte Suprema de Justicia, un cargo al que accedió en 2011 designado por el Consejo de Gabinete mientras Ricardo Martinelli era presidente de la República. En la Asamblea fue ratificado con el apoyo de la robusta mayoría de Cambio Democrático, el partido de Martinelli. Incluso en los primeros 2 años del gobierno de el hoy acusado fungió varias veces como viceministro de Finanzas encargado.
