Leblanc consideró positiva la medida de cerrar pasos para “canalizar” el flujo migratorio, así se les podrá dar más protección a los migrantes
La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió a las autoridades panameñas que presten especial atención a aspectos como “la satisfacción de necesidades básicas y garantías de no devolución de los migrantes susceptibles de asilo y con necesidad de protección internacional”, informaron medios de prensa internacional.
Mientras que la Defensoría del Pueblo de Panamá, a través de Eduardo Leblanc, dijo las repatriaciones de migrantes que atraviesan el Darién “tienen que ser voluntarias, no pueden ser forzosas”.
“A las personas se les tiene que dar la oportunidad de continuar, de pedir refugio. Porque puede ser que sean perseguidas políticamente”, declaró Leblanc, que instó al respeto de los derechos humanos.
En esa línea, Julio Luis Balanta, responsable de la Defensoría colombiana alertó este viernes de las consecuencias humanitarias de que el gobierno de Panamá haya ordenado cerrar varios pasos fronterizos en el Darién.
“Exhortamos al gobierno nacional a solicitarle a las autoridades panameñas observar y estar al tanto de cuán importante son los postulados del derecho internacional” de los migrantes, declaró Balanta.
Durante una gira al Darién previa a su investidura, el presidente José Raúl Mulino, adelantó la colocación de “cercas de serpentinas” con “el ánimo de que la gente tome el camino único para llegar hasta aquí, no diseminado”, además de la presencia policial en algunas zonas de esa selva.
Esta semana el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) cerró tres de los 11 pasos que usan los migrantes, identificados por las defensorías de Colombia y Panamá.
Leblanc consideró positiva la medida de cerrar esos pasos para “canalizar” el flujo migratorio, puesto que así se podrá dar más protección a los viajeros víctimas de bandas criminales.
Leblanc recordó que se han presentado denuncias penales por 400 casos de violación ocurridos en el Darién.
Sin embargo, la Defensoría colombiana, no está de acuerdo con el cierre de “pasos o trochas”. Un estudio de esa institución alertó sobre atentados al derecho a la salud de los migrantes, registrando 502 casos de quejas sanitarias en los últimos cuatro años tres años.
La Defensoría colombiana pidió a las autoridades migratorias tomar acción desde “un enfoque humanitario” sin distinguir entre “nacionalidad, género, orientación sexual, origen étnico, raza, religión, lengua o cualquier otra condición”.
Esas acciones deben llevarse a cabo de manera “segura, ordenada, regular y respetando las condiciones de dignidad humana”.
Mulino firmó el lunes un acuerdo por cinco años con Estados Unidos que contempla la repatriación de migrantes indocumentados que lleguen al país a través del Darién.
Un día después Washington anunció que destinará $6 millones para financiar el convenio con Panamá, que incluye apoyo para vuelos de deportación de aquellas personas en movilidad que no “tengan necesidad de protección internacional u otros requisitos legales” para permanecer en el país.
Así lo dijeron a la prensa Marcela escobari, asistente especial del presidente estadunidense, Joe Biden, y el subsecretario de Estado adjunto Eric Jacobstein, sin precisar cuántos deportaciones se pretende realizar y hacia qué países.