Respaldan el plan de Brasil, Colombia y México, Colombia y reclaman el fin de la persecución policial a los opositores
En medio de la crisis desatada tras elecciones presidenciales de Venezuela, en las que el dictador Nicolás Maduro se proclamó nuevamente presidente sin mostrar resultados verificables, se han multiplicado las voces de los que se consideran herederos del legado de Hugo Chávez y critican la actitud del régimen, informó el diario español El País.
Ese es un chavismo crítico que trata de encontrar la manera también de lograr una salida al conflicto venezolano, que ha entrado en un terreno desconocido.
Hace tiempo que gran parte de los llamados chavistas antimaduristas se separaron de los miembros de la revolución bolivariana que están en el poder.
En un comunicado difundido por dirigentes políticos, exmilitantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y exfuncionarios del régimen, entre ellos el exministro de Comunicación de Chávez, Andrés Izarra, o el exalcalde de Caracas, Juan Barreto, se dirigen a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Colombia, Gustavo Petro, México, Andrés Manuel López Obrador, los impulsores de la negociación internacional con la cúpula de Maduro.
Agradecen los esfuerzos por encontrar una salida al conflicto, pero piden que “intercedan para que se ponga fin a la represión y criminalización de la protesta y violaciones a derechos humanos, y sean liberados los cientos de ciudadanos detenidos por expresar sus exigencias y reclamos en torno a los resultados dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral”.
El conflicto empeora a la medida que las fuerzas de seguridad ejercen una brutal represión que ya lleva más de 2,000 detenidos, de los cuales casi un centenar son adolescentes, según las cifras de la ONG que los defiende, Foro Penal.
De los fallecidos no hay ninguna información oficial.
La dictadura “ha respondido con una oleada represiva contra sectores populares y dirigentes políticos, pocas veces vista en la historia de nuestro país. El clamor por resultados transparentes traspasa nuestras fronteras”, señala el comunicado.
El repudio a Maduro entre los que una vez compartieron espacio no solo ocurre en Venezuela.
El caso más sonado este fin de semana han sido las declaraciones de la líder de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, Estela de Carlotto, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que han señalado la actuación de Maduro como una ofensa al legado de Chávez y una trampa en todas sus formas.
Además de las copias de las actas que publicó la oposición en las horas siguientes a los comicios, basados en una maquinaria de testigos enfocada en proteger los documentos de cada mesa de votación, la demostración del posible fraude también tiene un sostén en el candidato Enrique Márquez, exrector del CNE y que quedó en tercer lugar el 28 de julio.
Márquez, es un dirigente de sectores opositores moderados que decidió correr solo a la elección en caso de que la oposición se quedara totalmente sin opciones.
Su partido logró tener un testigo en la sala de totalización del CNE, donde debería haberse impreso el boletín con resultados que leyó el rector Elvis Amoroso.
Su testimonio es clave para demostrar la inconsistencia entre los resultados y las actas que todavía no se han publicado oficialmente. En torno a él se apoyan los chavistas desencantados con Maduro.
Nuevas elecciones
Los sectores vinculados a la izquierda empiezan a hablar de una salida salomónica al conflicto, que pasaría por anular los resultados de las elecciones, superados los lapsos para poder hacer una auditoría fiable, y convocar unos nuevos comicios.
En esto insiste el economista y analista Víctor Álvarez, exministro de Chávez, para quien la publicación de las actas ya pierde sentido porque la demora en la respuesta del Consejo Nacional Electoral alimenta las sospechas de fraude.
Es una tesis que empieza a correr y a la que se han sumado figuras del chavismo disidente.
“Ni la publicación de las actas por el CNE, ni la revisión y decisión del TSJ despejará las dudas sobre la autenticidad de las actas. Cualquier decisión que se tome en torno a las actas no sería creíble y no resolvería el conflicto”, añade Álvarez.
“La última opción para despejar las dudas de un fraude y conjurar la amenaza de una creciente conflictividad poselectoral que haga ingobernable al país es declarar inauditables los resultados, anular los comicios del 28 de julio y convocar una nueva elección”, opina Álvarez.