Suman cerca de 5,600 las organizaciones de ese tipo disueltas tras las protestas populares de abril del 2018
El dictador nicaragüense, Daniel Ortega, canceló este jueves la personería jurídica a Save the Children Canadá y a otras 168 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, aunque, a diferencia de otras ONG ilegalizadas, por esta vez no ordenó el traspaso de bienes al Estado, elevando a cerca de 5,600 las organizaciones de ese tipo disueltas desde el 2018, informó la agencia EFE.
El régimen, a través del Ministerio del Interior, explicó que cerró de forma unilateral Save the Children Canadá por no haber reportado sus estados financieros desde el 2008 al 2023, y por tener su junta directiva vencida desde el 7 de septiembre del 2004.
A la Iglesia Morava de Nicaragua, otro de los organismos disueltos, se procedió por no haber reportado sus estados financieros entre el 2018 y el 2023 y por tener su junta directiva vencida desde el 30 de enero del 2019.
Con el cierre de estas 169 organizaciones no gubernamentales (ONG), suman cerca de 5,600 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril del 2018 en el país centroamericano.
Estas ONG fueron canceladas una semana después de que la Asamblea Nacional, a petición del Ejecutivo, reformara tres leyes que cambian el funcionamiento de las organizaciones sin fines de lucro, que tendrán ahora que formar “alianzas” con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos; 11 días después que ilegalizaran en un solo acto 1,500 ONG.
La disolución de estas 169 organizaciones fue aprobada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril del 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre del 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato -el cuarto consecutivo-, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de “golpistas” y de “traición a la patria”.