La Corte Penal Internacional no tiene competencias para detener a sospechosos, y solo puede ejercer su jurisdicción dentro de sus países miembros
El Kremlin anunció que Vladimir Putin realizaría una visita oficial a Mongolia el próximo martes 3 de septiembre. Mongolia es uno de los países firmantes del Estatuto de Roma, el tratado que reconoce la legitimidad a la Corte Penal Internacional (CPI), informó el diario español La Razón.
El tribunal, con sede en La Haya, emitió en marzo del pasado año una orden de arresto contra el dictador ruso y su comisionada para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova, por su presunta implicación en la deportación ilegal a Rusia de niños ucranianos en el marco de la denominada “operación militar especial”.
Según los tratados, Mongolia tiene el deber de detener a Putin y entregarlo a la corte para ser juzgado.
En esa línea se han pronunciado este viernes varias voces, exigiendo al gobierno de Ukhnaagiin Khürelsükh que cumpla con sus obligaciones.
Así lo ha expresado el tribunal a través de un comunicado: “Los Estados Partes del Estatuto de Roma de la CPI tienen la obligación de cooperar de conformidad con el Capítulo IX del
Estatuto de Roma, mientras que los Estados no Partes pueden decidir cooperar de manera voluntaria”.
El CPI alerta de que “en caso de falta de cooperación, los jueces de la CPI pueden emitir una constatación en ese sentido” e informar de ello a la asamblea de los Estados Partes, que a continuación adoptaría “las medidas que considere apropiadas”.
Otra de las voces ha sido la de Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano espera que Mongolia sea “consciente del hecho de que Vladimir Putin es un criminal de guerra” y pidió a las autoridades mongolas su detención.
La CPI no tiene competencias para detener a sospechosos, y solo puede ejercer su jurisdicción dentro de sus países miembros.
El acuerdo establece que, en determinadas circunstancias, los Estados pueden quedar exentos de la obligación de llevar a cabo una detención cuando se vean obligados a “incumplir una obligación contraída en virtud de un tratado” con otro Estado o cuando se viole “la inmunidad diplomática de una persona o de los bienes de un tercer Estado”.
El año pasado, Putin cancelo una visita a una c umbre en Sudáfrica a raíz de la orden de detención de la CPI.
Como firmante del tribunal, Sudáfrica debería detener a los sospechosos en su territorio, pero el presidente Cyril Ramaphosa advirtió de que Rusia lo vería como una declaración de guerra.