Un decreto aumenta los criterios de excepción para no brindar información pública
Argentina vive este martes una nueva polémica relacionada con el gobierno de Javier Milei y su relación con los medios de comunicación, después de que el
Ejecutivo limitase, vía decreto, la ley de acceso a la información pública, según la agencia EFE.
Organizaciones civiles y la prensa siguen preocupados por la reglamentación hecha por el Ejecutivo de la ley de acceso a la información pública, por la que el
Estado no está obligado a dar información del ámbito de la vida privada de los funcionarios públicos ni de todo aquello que sea preparatorio de una decisión estatal -papeles de trabajo, y reuniones previas.
Además, aumenta los criterios de excepción para no brindar información pública.
Desde hace siete años rige en Argentina una ley de Acceso a la Información Pública, que permite a la ciudadanía, mediante un mecanismo, el derecho de acceso a la información considerada de carácter público, que ha desvelado comportamientos impropios de las autoridades, ha colaborado en la investigación de causas judiciales o ha echado luz sobre reuniones de funcionarios públicos.
Según el decreto firmado por Milei, la ciudadanía no podría indagar sobre quién ingresa a la residencia oficial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, o cuántos perros acompañan al mandatario, porque el derecho de acceso a la información pública excluye ahora la que “hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”.
La Fundación Poder Ciudadano destacó en sus redes sociales que “ningún decreto puede restringir el Acceso a la Información Pública más allá de lo que lo hace la Ley sancionada democráticamente por el Congreso” y recordó que “el acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en pactos y tratados internacionales” y que “la información está en manos del Estado pero le pertenece a la ciudadanía”.
El director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, dijo este martes a Radio Mitre que la institución está “analizando” llevar el caso a la Justicia para que “declare inconstitucional” el decreto; la alternativa es que el Gobierno “se dé cuenta que está mal lo que hizo” y vaya para atrás con el decreto.