Tras del golpe de 1968, Panamá no tuvo Órgano Legislativo propiamente como tal. Las leyes se hacían en los cuarteles, en el Gabinete de Ministros o en el Consejo Nacional de Legislación.
Después de 16 años, con las reformas constitucionales gestadas en 1983 por el presidente Ricardo de la Espriella, con la participación de todos los partidos políticos, con excepción del PAPO de Carlos Iván Zuñiga, se acordó tener elecciones presidenciales y legislativas por primera vez desde la asonada militar.
Fui electo legislador por el Partido Demócrata Cristiano siendo el último proclamado en el Tribunal Electoral ante la imposibilidad de robarse mi curul. Los 16 legisladores del PRD ganaron con trampa.
Al constituirse la Asamblea Legislativa en noviembre de ese año, partimos de cero. Representantes de cada partido: PRD (Ovidio Díaz), MOLIRENA (Jorge Rubén Rosas), PALA (Arturo Vallarino), Panameñista con Jacobo Salas y mi persona (Democracia Cristiana), preparamos el borrador de reglamento interno, el cual terminó convirtiéndose en Ley de la República. Ha recibido con el tiempo algunas modificaciones.
Los emolumentos que se establecieron fueron de $7,000 mensuales, que incluía una parte de salario, otras de gastos de representación, combustible y participación en las comisiones. Tras las deducciones legales no sumaban los $6,000 al mes.
A cada legislador se le permitió nombrar asistentes (conductor, asesores, secretaria) por un monto de $4,000 al mes. Durante los cinco años de ese periodo, el presupuesto de la Asamblea Nacional no superó $12 millones anuales. Se le dieron dos exoneraciones de impuesto de introducción para vehículos, que terminó en un abuso –ricachones que las compraban al legislador o al suplente por $5,000 para adquirir lujosos vehículos.
Además se otorgó a cada legislador franquicia telefónica y telegráfica –en ese tiempo no había celulares-, además de pasaporte diplomático para el principal, su suplente y sus familias.
Ya en ese periodo comenzaron a aparecer los abusos. Nacieron las partidas circuitales, promovidas por los legisladores PRD, dándonos a los opositores $10,000 anuales a cada uno, mientras a los del gobierno tenían hasta $100,000.
Recuerdo que los del interior hicieron una compañía con esas partidas, bautizándola como como Constructora Las Delicias que, al investigarla el contralor Chinchorro Carles en el gobierno de Endara, se descubrió que no habían hecho ni un metro de acera. Simplemente se robaron todo. Hubo un legislador que hasta un barco desapareció.
A mí me investigaron por lo que había recibido, descubriéndose que mis partidas se habían multiplicado: David Menasche de Mauricio Deportes me daba $1 adicional por todo lo que yo comprara de utensilios deportivos para las escuelas del circuito.
Lo que ha venido ocurriendo después no tiene nombre. Recientemente nos hemos enterado, gracias a la publicación de las listas de auxilios económicos del IFARHU que entre los beneficiarios hay hijos de diputados: Roberto Abrego, Crispiano Adames, Bolota Salazar y Nelson Jackson, sin contar a otros que quizás fueron recomendados por ellos.
Ha habido diputados que se han beneficiado con cosas tan pequeñas como libretas de billetes otorgadas por quienes dirigieron la Lotería Nacional en los últimos 15 años. Hay otros que hasta cupos de taxi y de buses han adquirido.
Lo más escandalosos han sido los montos exorbitantes de las planillas de la Asamblea Nacional llegando en el último año a superar los $200 millones.
Allí la rebusca de los llamados “parlamentarios” ha sido monumental. Les daban dinero para nombrar personal, hacían listas de los supuestos nombrados a cambio de $100, y se quedaban con el salario, falsificando las firmas de los supuestos funcionarios.
En una ocasión agarraron en el Banco Nacional de Betania a un diputado Molirena, ex Panameñista, cambiando varias docenas de cheques de “esos supuestos funcionarios”.
Aparecieron los cash back, cuando se apadrinó desde la Asamblea Nacional –en gobierno de Varela- el nombramiento de delegados del PRD para ganarle la secretaría general del partido a Ernesto Pérez Balladares.
A los diputados le asignaban una suma para nombramientos y había empresas que prestaban ese servicio de darles nombres falsos a aquellos que no tenían a quien nombrar y les devolvían en efectivo un porcentaje. Lo denuncié al contralor Humbert y no pasó nada.
Todo eso se puede acabar. ¿Cómo? Lo que tienen los diputados en su presupuesto lo debe autorizar el MEF, que ya ha dicho que no dará más de lo necesario. A mi juicio la Asamblea Nacional puede operar con un máximo de $30 millones anuales.
La pregunta pertinente es, ¿resistirá el presidente Mulino las ya visibles presiones de los insaciables diputados oficialistas?