Punto más polémico es que los ministros de la Corte Suprema, magistrados y jueces serán elegidos por voto popular.
La reforma judicial en México es un hecho. La Cámara de Diputados y el Senado la aprobaron con el respaldo del bloque oficialista que tiene la mayoría. También votaron a favor más de 17 congresos estatales, una medida necesaria para que finalmente pase a la firma del mandatario Andrés Manuel López Obrador y se convierta en ley, informó la cadena Radio Francia Internacional.
De esa forma, el presidente le ganó el pulso a la oposición con el proyecto que presentó en febrero, a pesar de que los empleados de la rama judicial entraron en huelga para protestar por los cambios.
El punto más polémico es que ahora los ministros de la Corte Suprema de Justicia, magistrados y jueces serán elegidos por voto popular.
López Obrador reiteró que la reforma servirá para acabar con la corrupción en el Poder Judicial, que “no imparte justicia” sino que está al servicio de una “minoría rapaz”.
Pese a ese argumento, la reforma ha despertado señalamientos de organismos como la ONU o Human Rights Watch y de socios, como Estados Unidos y Canadá, por el riesgo de una intromisión del Ejecutivo o de actores ilegales en las campañas electorales de los jueces.
La iniciativa también ha despertado inquietud en los mercados ante la posibilidad de que surjan perfiles partidistas y de que el Poder Judicial quede limitado y deje de ser un contrapeso al Ejecutivo. Esta incertidumbre se ha ahondado luego de que la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, mostrara su respaldo a la reforma.