El caso se relaciona con una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que reveló un perjuicio patrimonial por $59,000
García pretendía apelar la decisión del Juez de Cumplimiento, quien le negó su solicitud de sustituir la pena privativa de libertad de 60 meses de prisión por trabajo comunitario.
De acuerdo al informe, con el desistimiento por escrito de la apelación, la condena de García, de 60 meses por peculado doloso agravado contra la administración pública, queda en firme.
La Procuraduría indica que las magistradas, al recibir el desistimiento, actuaron conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal, que indica: “Las partes o sus representantes pueden desistir de los recursos interpuestos por ellas. El defensor no puede desistir del recurso sin autorización expresa y escrita del imputado”. En virtud de esta disposición, el Tribunal admitió la solicitud presentada.