Los tiempos de la justicia pueden jugar a favor o en contra de los que violan la ley. En el caso de los privados de libertad, la lentitud en los procesos puede terminar afectando sus derechos.
Recientemente, Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno, aseguró que más de 6 mil detenidos se mantienen dentro del sistema penitenciario, a pesar de haber cumplido con sus condenas. Añadió que en esta condición “hay personas que incluso exceden las dos terceras partes de la pena y no le llevan el conteo bien”.
Durante una reciente comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea subrayó que el problema de hacinamiento en las cárceles obedece, en otros aspectos, a “fallas en la trazabilidad del conteo de penas en los privados de libertad”, afirmó.
En este panorama, el paso entre los dos sistemas de justicia, el Mixto Inquisitivo y el Penal Acusatorio, cuya transición arrancó en el 2011 y ha estado plagada de contratiempos, incidió sobre el programa de conmutación de penas. El cambio en el sistema ha generado diversos cuestionamiento por parte de varios abogados a lo largo de los años, que aseguran que las dificultades han terminado favoreciendo la impunidad, sobre todo en casos de alto perfil.
“El sistema por muchos años ha estado sin tener una forma de ver el conteo de las penas de un privado de libertad y eso es preocupante”, sentenció.
La encargada de la cartera de Gobierno anunció una iniciativa en la que trabajan conjuntamente el Órgano Judicial, la Procuraduría General de la Nación y la Dirección General del Sistema Penitenciario y que está encaminada a reforzar los programas de conmutación de pena y de resocialización. Esto tendría como objetivo reducir la población carcelaria, beneficiando a quienes han cumplido con su pena.
La ministra anunció que paralelamente se estará trabajando con miras a disminuir la población carcelaria a través de la construcción de nuevos centros penitenciarios. Uno de estos proyectos es el de la provincia de Colón, que en estos momentos registra un 4.75% de avance.